Jaime García
El Diario de Hoy
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La tesis que intenta sustentar la Fiscalía en el juicio en contra del ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Raúl García Prieto, y del empresario Héctor Cristiani, es que éstos engañaron a la junta directiva y a la asamblea de gobernadores de la entidad financiera para vender ilegalmente el ingenio El Carmen en diciembre de 1998.

García Prieto está acusado de defraudación a la economía pública y de aceptar sobornos, mientras que Cristiani es procesado por supuestamente dar sobornos a un funcionario estatal.

Julio Arriaza, uno de los seis fiscales que participan en los debates, sostuvo que con los testigos que hasta el momento han declarado en el juicio han ilustrado el origen del dinero que se utilizó para la compra.

El ex presidente del BFA, Raúl García Prieto (izquierda), se cerró ayer a los periodistas. Foto EDH

Enfatizó que las investigaciones en torno a la presunta venta ilegal del ingenio determinaron que para concretar la operación se “sorprendió” a la junta directiva y a la asamblea de gobernadores del BFA.

Según el Ministerio Público las sociedades Incaña y Granja Los Patos no tenían dinero para la compra y el BFA les prestó dinero para poder hacerlo.

“No hubo dinero fresco, como se les planteó a los directivos del banco. Los otros ofertantes (potenciales compradores) si ofrecían dinero propio”, recalcó el fiscal.

Debates

El martes uno de los testigos detalló que el ingenio Chanmico ofreció al BFA pagar 60 millones de colones por el ingenio, mientras que un empresario que participó como testigo, indicó que él ofreció 40 millones.
La defensa de los imputados ha reiterado en declaraciones anteriores que el ingenio se vendió a esas sociedades porque aportaban más dinero en prima.

Ayer por la mañana un testigo, quien fungió como directivo del BFA cuando se vendió el ingenio, a preguntas de un fiscal, manifestó ante el Juzgado 6o. de Sentencia que si hubieran sabido que el dinero para la compra de El Carmen provenía del mismo banco no lo hubieran vendido a las dos sociedades mencionadas.

Agregó que el BFA enfrentaba iliquidez por lo que necesitaban captar fondos. Aseguró que en reuniones de los directivos se analizó si el ingenio sería alquilado o venderlo y se optó por lo último por los problemas financieros del banco.

Según el testigo, a los directivos se les afirmó que los compradores de esas sociedades eran clientes solventes con la banca y que eran empresarios exitosos.

Al consultar a García Prieto sobre los planteamientos de la Fiscalía y la declaración de los testigos, manifestó que debido a que el juicio se encontraba a la mitad no podía dar más declaraciones.

En los primeros días del juicio la defensa de los acusados logró que el tribunal aceptara 90 pruebas de descargo.
Según los ofertantes estas evidencias contienen documentos en los que se prueba que no hubo intención de defraudar a la economía pública.

Se espera que el juicio se prolongue hasta la próxima semana con la declaración de más testigos.