Douglas González/Alberto López
El Diario de Hoy
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El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) acusará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadoreño de negarle el acceso a la justicia por no investigar la presunta autoría intelectual del asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras.

El rector de la UCA, el jesuita José María Tojeira, anunció lo anterior al censurar ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte por el rechazo a su demanda de amparo contra la decisión de las autoridades.

El IDHUCA pidió el amparo contra resoluciones de las autoridades que cerraban la investigación de los supuestos autores intelectuales del hecho. La Sala dijo que las autoridades actuaron conforme a derecho.

Seis jesuitas y dos empleadas fueron asesinados por un grupo de soldados en 1989. Foto: EDH/Archivo

Críticas

“La Sala miente y actúa irracionalmente... Hay un intento deliberado de los operadores del sistema judicial de impedirnos el acceso a la justicia”, dijo Tojeira.
Prueba de ello, afirmó, es la lentitud con que se procesó la petición de amparo.

Para los constitucionalistas, el Fiscal General, la Jueza 3o. de Paz de San Salvador, de la Cámara 3o. de lo Penal y de la Sala de lo Penal de la Corte no cometieron violaciones a los derechos humanos al negarse a investigar estos hechos.

La razón que ellos esgrimieron es que el caso se incluyó en una amnistía y prescribió o terminó su tiempo de persecución.
Para Tojeira, estos hechos son “imprescriptibles”y hay “prevaricato” en las decisiones judiciales.

“La presente notificación de la Corte nos servirá como una prueba más” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (organismo de la Organización de Estados Americanos), afirmó Tojeira.
El IDHUCA recurrió hace unos meses ante la CIDH para denunciar la tardanza en la resolución del caso.
Uno de los tribunales demandados era la Sala de lo Penal.

Los magistrados aseguran que se trata de “meras inconformidades (de parte de los demandantes), pero Tojeira replicó que estos asuntos no se limitan “a la mera legalidad”.

Cuatro de los cinco magistrados de lo Constitucional votaron a favor de rechazar el amparo y una, Victoria de Avilés, se pronunció en favor de admitirlo.
Ayer no se pudo obtener una reacción de la Sala sobre los señalamientos.