Analizando
¿Ha llegado a ser demasiado pública la política pública?

En 1897, la Cámara de Representantes del Estado estadounidense de Indiana aprobó por unanimidad una legislación que daba una nueva definición del valor de pi, constante matemática que representa la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y la de su diámetro. Por fortuna, el proyecto de ley no pasó del Senado de ese Estado.

Esa anécdota histórica podría inspirar una risita sardónica a quienes recuerden sus matemáticas del bachillerato, pero en todo el mundo se está pidiendo cada vez más a personas inexpertas que formulen una política pública que requiere una comprensión de fenómenos científicos y tecnológicos complejos y sutiles.

“¿Cómo se sabe si una ballena es un mamífero o un pez?”, pregunta una maestra a su clase de tercer curso. “¿Votamos?”, dice, contento, un alumno.

Esa propuesta puede ser divertida por proceder de un niño, pero no tiene la menor gracia cuando la aplican los gobiernos, como hacen cada vez más, a políticas complejas que entrañan fenómenos científicos y tecnológicos.

Por ejemplo, durante el verano pasado, los británicos emitieron su opinión sobre si deseaban productos con genes empalmados o genéticamente modificados en sus campos y en sus alimentos.

Para conocer la opinión pública antes de adoptar una decisión prevista para un momento posterior de este año sobre si debía permitir la plantación comercial de cultivos genéticamente modificados, el Gobierno británico patrocinó (con grandes gastos) una serie de debates públicos por todo el país.

Pero la realidad no lo abona. Mark Henderson, corresponsal en materia de ciencia para The Times (Londres), ofreció esta opinión sobre la iniciativa del Reino Unido, cuyo costo ascendió a medio millón de libras: “Esa operación ha sido una farsa desde el principio hasta el final. No estoy seguro de desear que el hombre de la calle establezca la política de Gran Bretaña en materia de ciencia, tecnología y agricultura.

En una de las seis reuniones... se dedicó gran parte del tiempo a debatir si el virus del Sars (síndrome respiratorio agudo y grave) podía proceder de un algodón genéticamente modificado en China. Más probable sería que hubiera procedido del espacio ultraterrestre”.

Henderson observó también que quienes llevaron la voz cantante en las reuniones fueron fanáticos antitecnología, la única facción suficientemente organizada e inspirada sobre la cuestión para asistir a ellas, lo que resulta coherente con el dato de que el 79 por ciento de las 37.000 respuestas a los cuestionarios estuvo orquestado por activistas.

También allende el Atlántico cunde la tendencia a basar la política oficial en la opinión pública sobre esas cuestiones.

La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), de Estados Unidos, cuya misión primordial es la de apoyar las investigaciones de laboratorio en muchas disciplinas, está financiando una serie de “foros de ciudadanos sobre tecnología”, a los que, por término medio, acuden americanos previamente carentes de información para resolver una cuestión espinosa en materia de tecnología.

Según el resumen hecho por la NSF del proyecto, que están ejecutando investigadores de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, los participantes “reciben información sobre esa cuestión por parte de diversos expertos en la materia, expertos en las consecuencias de la ciencia y la tecnología y representantes de grupos de interés especial. Se considera que así pueden alcanzar un consenso y, en última instancia, formular recomendaciones”.

El proyecto, fundado en 2002 para apoyar dos comisiones, requiere la labor de ocho comisiones más este año, cada una de ellas compuesta de 15 ciudadanos “representativos de la población local”. Sus deliberaciones serán supervisadas por un equipo de investigación “compuesto de profesores de retórica de la ciencia, adopción de decisiones en grupo y ciencia política”.

El equipo pondrá a prueba “un método innovador para calibrar la deliberación democrática” y también “la teoría de la ciencia política, investigando las relaciones entre la etnicidad, los sexos, la condición socioeconómica baja y los aumentos de la eficacia y la confianza en los reglamentadores”.

Se trata del equivalente científico del arte por el arte, pero que grupos de ciudadanos inexpertos (y reclutados mediante anuncios en los periódicos) formulen recomendaciones sobre una cuestión técnica abstrusa y compleja resulta considerablemente más peligroso.

El primero de esos grupos financiados por la NSF abordó la política reglamentadora de la biotecnología agrícola y recomendó que el gobierno hiciera más estrictas las reglamentaciones de los cultivos genéticamente modificados, incluido el nuevo requisito de que los alimentos procedentes de esos cultivos lleven un etiquetado que permita a los consumidores reconocerlos.

Esas propuestas son injustificadas, inapropiadas y contrarias a las recomendaciones de los expertos, tanto del gobierno como de la comunidad científica.

Desde luego, la participación del público es decisiva para su comprensión de la política gubernamental, pero menos útil resulta para la formulación de la política, en particular cuando ésta entraña cuestiones complejas de ciencia y tecnología. La ciencia no es democrática.

Los ciudadanos no votan sobre si una ballena es un mamífero o un pez, o sobre la temperatura a la que hierve el agua. Los parlamentos no pueden revocar las leyes de la naturaleza. Aun cuando mil millones de personas acepten una idea absurda, sigue siendo absurda.

Copyright: Project Syndicate.

*Miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Standford.