Presentan demanda en la CSJ contra la Alcaldía

Centro. Si la Corte Suprema de Justicia admite la demanda, los agentes municipales tendrían que salir del terreno y restablecer las actividades.

Cuadra. Caballos de pura sangre se mantienen encerrados en los establos desde el jueves. Foto: EDH/Lizette Moreno

El representante legal de la Escuela de Equitación Altamira, Federico Flamenco Rodríguez, presentó ayer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de funcionarios de la Alcaldía de San Salvador.

Las autoridades son acusadas de violar una serie de derechos fundamentales al administrador de la citada escuela, Francisco Espinoza, y algunos de sus empleados.

El jueves pasado, autoridades de la comuna, apoyados por policías municipales, se tomaron las instalaciones, al argumentar que el inmueble, de unas dos manzanas de extensión, es “zona verde” propiedad de la municipalidad.

Varios policías municipales se mantienen dentro de las instalaciones, por lo que el ingreso de personas es restringido. Incluso, han colocado rótulos en los que advierten las restricciones.

En los establos se mantienen encerrados 35 caballos de pura sangre, que no han sido entrenados porque la pista está obstruida con chatarra que depositaron empleados municipales.

Varios de los caballos son utilizados en competencias internacionales de equitación y salto.
En el escrito que se presentó ayer, el representante legal de la mencionada escuela solicita a la CSJ admitir la demanda y suspender el acto reclamado.

Es decir, pide el retiro de los agentes municipales de la propiedad y el traslado de la chatarra esparcida sobre la pista, para poder ejercitar a los caballos y restablecer las clases ecuestres.

“Ellos no llevaban una orden judicial, lo que hicieron es que tomaron la decisión y se fueron a meter a la fuerza esa es una violación al trabajo y a la libertad”, recalcó Federico Flamenco.

Por su parte, el alcalde, Carlos Rivas Zamora, indicó ayer que esperarán que la CSJ les notifique oficialmente de la demanda.

Detalló que el procedimiento de posesión -o recuperación como él le llama- del inmueble fue realizado cuando estaba fuera del país, y no fue una orden suya.