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Comentando
A
prueba la separación entre el Estado y la iglesia
 El
fallo de la Suprema Corte de Justicia en un caso que empezó
a ventilarse esta semana en la capital estadounidense, decidirá
el rumbo del país en lo referente a la separación entre
el Estado y la religión.
La gran pregunta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos
debe responder en el caso de Joshua Davey es si el dinero de los contribuyentes
puede ser utilizado para subsidiar la educación religiosa de
los individuos.
De la resolución que la Corte dé al caso de Davey, un
estudiante de Teología que solicitó al Estado de Washington
una beca para estudiantes con aptitudes sobresalientes, dependerá
si la barrera que separa las actividades del Estado de las religiosas
se sostiene firme o se debilita.
En el caso específico que ahora está ante la consideración
de la Corte se definirá si el Estado tiene la autoridad para
negarle la beca a un estudiante con las calificaciones necesarias
para merecerla, porque su campo de estudio es religioso. La solicitud
de Davey fue denegada por las autoridades estatales, porque en Washington,
al igual que otros 35 estados de la unión americana, la Constitución
estatal prohíbe usar el dinero de los contribuyentes para apoyar
proyectos religiosos de plegaria, práctica o instrucción.
Hasta ahora, la interpretación que se ha dado a la Primera
Enmienda de la Constitución es que la Carta Magna contiene
una prohibición semejante a la que se incluye en la Constitución
de Washington. La primera enmienda protege el libre discurso y el
libre ejercicio de cualquier religión, pero al mismo prohíbe
al gobierno actuar “en materia religiosa”.
Defendiendo el caso de Davey, está una batería impresionante
de abogados patrocinados por la Iglesia Evangélica Cristiana.
Curiosamente, Alan Sekulow, el abogado principal, es un hombre que
nació y creció en la religión judía, pero
se convirtió al evangelismo. Además de Sekulow, Davey
cuenta con el apoyo de los grupos más conservadores del país
y con los abogados de la administración de George W. Bush.
El historial del caso Davey indica que en su primera instancia una
Corte Federal en Washington falló en favor del Estado. Luego
la Corte de Apelaciones lo hizo en favor de Davey. Ahora viene el
momento de la verdad ante la Corte Suprema.
Para la administración de Bush, el fallo del la Corte es crucial,
porque si se inclina a favor del estudiante, se removería una
importante barrera para su causa. Bush quiere que los padres de familia
que desean sacar a sus hijos de las escuelas públicas, para
enviarlos a escuelas católicas privadas cuenten con la devolución
de una parte de sus impuestos. Hoy, esto no se puede hacer porque
existe una prohibición constitucional de utilizar fondos federales
para patrocinar escuelas religiosas.
El temor entre los grupos más liberales es que la fortaleza
de la separación entre la iglesia y el Estado prevaleciente
en las décadas de los 60 y 70 se ha ido debilitando. Durante
su presidencia, John Kennedy marcó el tono de la relación
entre la iglesia y el Estado al sostener públicamente que su
fe católica era un asunto privado que no interfería
en sus políticas públicas.
Hoy, con el fortalecimiento de la derecha en este país, la
Iglesia Católica también ha estado buscando la manera
de erosionar la separación entre la cuestión pública
y las prácticas religiosas privadas. A finales de noviembre
algunos obispos católicos adoptaron una postura muy agresiva
contra los políticos que, siendo católicos, ignoran
la doctrina de la Iglesia en su quehacer político.
Cuando tres candidatos demócratas católicos a la presidencia
celebraron el fallo de la Corte Suprema de Massachusetts, permitiendo
el matrimonio entre parejas homosexuales, los obispos católicos
no sólo hicieron público su disgusto, sino que anunciaron
su intención de explorar qué tipo de castigo aplicarles.
Se habló de prohibirles hablar en instituciones de la iglesia
y hasta de excomunión.
La estrategia, en cualquier caso, es acorralar a políticos
católicos como Ted Kennedy, John F. Kerry, Wesley Clark, Nancy
Pelosi, Arnold Schwarzenegger o cualquiera de los 412 políticos
que se han autoidentificado como católicos y apoyan el derecho
de las mujeres a decidir qué hacer con un embarazo no deseado.
La decisión de la Corte Suprema en el caso de Davey servirá,
como el fiel de la balanza, para indicar si Estados Unidos continúa
siendo una república laica o si se convierte en otro país
fundamentalista.
*Miembro del consejo editorial de Los Angeles
Times. |
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