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Por
demolición en restaurante el Mundo Marino
Demandan alcaldía por 43 millones de colones
La
Libertad .
La polémica iniciada en 1996 por la ilegal construcción
y demolición de un restaurante en La Libertad resurgió
tras una demanda presentada en un tribunal, por el propietario del
negocio.
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| Los restos del antiguo restaurante el Mundo
Marino permanecen en la orilla de la playa la Paz en el Puerto
de la libertad. El propietario del inmueble presento una demanda
por cinco millones de dólares. Foto:
EDH |
Ayer era el último día para que el alcalde arenero
de La Libertad, Edgar Quezada, se presentara en el Tribunal de Primera
Instancia del distrito judicial de La Libertad, a responder ante
la demanda interpuesta por el apoderado legal del propietario del
restaurante El Mundo Marino.
El secretario del Juzgado de Primera Instancia, Eduardo Alfonso
Galdámez Mebius, dijo que la demanda se encuentra en el expediente
77-02003-C, y fue recibida en el tribunal el 5 de noviembre, en
un juicio de tipo civil ordinario declaratorio por daños
y perjuicios en el restaurante ubicado en la playa La Paz.
En la demanda se menciona que una buena parte de la estructura del
restaurante fue demolida el 27 de marzo de 1996. El funcionario
judicial detalló que la demanda establecida es contra el
representante del municipio de la Libertad, Edgar Arnoldo Quezada.
En el escrito declara al municipio como responsable por daños
y perjuicios, para lo cual debe pagar la cantidad de cinco millones
de dólares, costo que incluye 4 millones 110 mil dólares
por daños emergentes o inmediatos a la edificación.
Además, 890 mil dólares en concepto de lucro cesante
o no percibido por su propietario en el negocio, sostuvo el funcionario
judicial.
Seis días
En ese entonces, el concejo arenero, encabezado por el edil Dagoberto
Adolfo Araujo, autorizó el comodato y la construcción
del inmueble, tarea que no era competencia municipal, aclaró
el Lic. Galdámez.
El alcalde o el apoderado legal debe contestar la demanda en el
tribunal, para lo cual dispone de seis días; si no asiste,
será declarado en rebeldía.
Quezada se apresuró a responder en su defensa y dijo que
la actual administración no es la responsable de pagar esa
cantidad.
Explicó que el restaurante fue cerrado y demolido por el
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano en 1996, durante
la administración del alcalde Dagoberto Araujo, quien fue
encarcelado por el delito de usurpación de bienes nacionales
de uso público.
Araujo, al ser consultado por El Diario de Hoy, dijo que le sorprendían
las declaraciones hechas por Quezada, y expresó que no es
el responsable, ya que la decisión de entregar el terreno
en comodato y la autorización fue hecha por todo el concejo.
El ex alcalde Araujo explicó que el delito del cual se le
acusaba fue peculado, pero fue sobreseído por los tribunales.
“El alcalde Quezada debe de buscar los acuerdos municipales
de 1995, en donde se le advertía a Font Ribot, dueño
del inmueble, que si sobrepasaba los límites de la playa,
tendría problemas”.
Font tenía otras propiedades en La Libertad, como es el restaurante
El Peñón del Pacífico, ubicado en la carretera
del Litoral. Pero luego lo vendió a Quezada, acotó
Araujo.
No obstante, el actual alcalde manifestó que la responsabilidad
de ese asunto cae exclusivamente sobre el concejo municipal, que
dio la autorización y que, al demostrarse la validez de la
demanda, la cantidad no podría ser cancelada por el municipio.
Hace siete años
Tras la millonaria demanda, existe una larga historia legal que
impidió la construcción del negocio en cuestión.
- En 1996, por mandato de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía,Viceministerio
de Vivienda y Desarrollo Urbano se efectuó una inspección
en el restaurante, el cual fue construido en la zona de la playa.
- El plafón media 9,26 metros de largo por 13 de metros de
largo. De la inspección las autoridades concluyeron que el
restaurante se encontraba en una zona de la playa considerada como
bien del Estado.
- La demolición del inmueble fue suspendida el 3 de diciembre
de 1996, por un recurso que interpuso el español en la Corte
Suprema de Justicia, ante la orden de demolición que ordenó
el Viceministerio de Vivienda.
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