Las coheterías

Tras la alegría de las luces y explosiones, hay una historia de amenazas que surgen del descuido. Muchas veces, algo falla y causa dolor, cicatrices y muertes.

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Eran 3 niños de 16 meses, 3 y 5 años. Su familia se dedicaba a confeccionar “silbadores”.

Alguien se descuidó y la humilde casa en que vivían, prácticamente voló por el aire al producirse la explosión. Los pequeños murieron.

Ocurrió el 16 de diciembre de 2001, en el área rural de Cojutepeque.

Ellos habían sido contratados por una cohetería de la zona, para trabajar en casa.

La empresa es propiedad de la ex diputada Marta Gómez. Ella tuvo que indemnizar a la familia de los pequeños.

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Pero pese a esa experiencia, en sus negocios aún no se cumplen las normas de funcionamiento.

Incluso admitió que en esa zona, había al menos 40 familias que se dedicaban a la misma labor.

En septiembre anterior, una cohetería situada en la calle Libertad, colonia Rosales, en Cojutepeque, fue inspeccionada por las autoridades que hallaron varias anomalías.

La dueña del establecimiento es Gómez, quien por el cargo público que ocupó, se supone debe conocer las regulaciones legales.

En esa ocasión le decomisaron una considerable cantidad de productos explosivos, además de imponerles una multa.

Indiferentes

Los casos descritos no son aislados. Son muchos los productores y comerciantes de pirotécnicos que se cubren con una capa de indiferencia ante los riesgos que su labor representa para los demás.
José Amílcar Mena Barrera, jefe de los bomberos cojutepecanos, considera que ninguno de los cerca de 60 talleres de productos pirotécnicos que hay en la ciudad, cumple con todos los requisitos de seguridad.

Pese a ello, las acciones en su contra no pasan del decomiso de los productos que almacenan, y esto se hace en casos extremos.

De las coheterías que operan en Cojutepeque, una considerable cantidad lo hace en el sector urbano.

Incluso hay una en la que también fueron decomisados numerosos artefactos, que funciona contiguo al Destacamento Militar No 5. Al dueño del negocio, Santos Fabián Pérez, se le ordenó el cierre el 6 de octubre anterior. Pero a la fecha no atiende.

Él aduce que “un coronel que estuvo al mando de la base militar en 1997, lo autorizó”.

Esto, pese a que el Código de Salud en su Art. 116 define que las coheterías deben estar a no menos de 100 metros de viviendas.

Además, deben tener agua en barriles y extintores a mano. Los diferentes productos deben mantenerse de forma separada y ordenada.

La falta a las normas de seguridad en fábricas de pólvora, no sólo es problema de los cojutepecanos.

En Santa Ana, las autoridades visitaron hace una semana, cuatro fábricas de pirotécnicos y ninguna tenía cubiertos los requisitos para operar. Hallaron producto y materiales en el suelo y en algunos ni siquiera había agua.

No hubo sanciones. Sólo la advertencia de que debían atenderlos a la mayor brevedad posible.
Ya varias de ellas mantienen ciertas normas de protección. Pero aún no han obtenido los permisos para operar.

La PNC y los bomberos han detectado en ese departamento occidental, cinco fábricas clandestinas a las que advirtieron que decomisarán todos los productos que encuentren. Pero antes deberán ubicarlas.

En muchos casos, son los vecinos de las coheterías quienes piden a las autoridades que éstas sean cerradas o al menos inspeccionada por los riesgos que representan.

“No es sólo que guarden explosivos, es que lo hacen cerca de casas y contratan a niños”, indicó una ama de casa santaneca al señalar su temor de que se produzcan nuevas tragedias. Es un hecho. Las prohibiciones y regulaciones parecieran estar hechas para violarlas.

¿Favorecidos?

Gertrudis López, residente en la colonia Fátima, de Cojutepeque, tiene una sospecha que comparten muchos vecinos. Hay favoritismos a productores de pirotécnicos por parte de quienes están en las “altas esferas de gobierno”.

En el tercer trimestre del año anterior, bomberos, policías y otras autoridades hablaron de pedir la prohibición de fabricar “silbadores”, por ser los que frecuentemente causan más accidentes.

Nunca se hizo. Hoy, algunos diputados, entre ellos Norman Quijano, hablan que “tendría que evaluarse el próximo año”. Posiblemente sea luego que en las próximas semanas se produzcan nuevas tragedias.

Curiosamente, cada vez que hay una desgracia relacionada con coheterías, hay menores de edad entre las víctimas e inadecuada manipulación de los productos. Pero muchos productores afirman que ellos cumplen todas las regulaciones.

A nivel nacional hay 345 fábricas de cohetes registradas por la División de Armas y Explosivos. Pero muchas otras, las que no cumplen regulaciones, lo hacen de forma clandestina. Cada una es una potencial tragedia.