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Edil
podría ser acusado de calumnia
La
Corte de Cuentas insiste en que los jefes edilicios del FMLN agrupados
en el Coamss deben aclarar el paradero de $22 millones.
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| Hernán Contreras, presidente de la
instancia contralora del Estado, pide respeto al alcalde de
San Salvador. Foto: EDH/Giovanny Lemus
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Carlos Rivas Zamora, alcalde de San Salvador, podría ser
acusado de cometer calumnia y difamación, luego de que inculpara
a Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas de
la República, de prevaricato.
En un campo pagado publicado ayer en este Diario, Contreras se refiere
a las declaraciones vertidas por Rivas Zamora y el resto de ediles
efemelenistas agrupados en el Consejo de Alcaldes del Área
Metropolitana de San Salvador (Coamss), en las que criticaron un
informe presentado por la instancia contralora. El documento menciona
que la empresa Mides, conformada por los alcaldes efemelenistas
del Coamss y la empresa canadiense Cintec, es ilegal.
“Él (alcalde) dio una conferencia a medios de comunicación,
en la que decía públicamente que yo, como presidente
de la Corte de Cuentas, había cometido prevaricato. Al atribuirle
un delito a una persona se puede cometer calumnia”, dijo Contreras.
El funcionario agregó que Rivas Zamora dio otras “expresiones...
y son manifestaciones que no están a la altura de un alcalde,
y no se necesita mayor prueba de los delitos que ha cometido porque
fue hecho públicamente”, señaló.
Contreras dice que no quiere disculpas públicas por parte
de Rivas Zamora o de los demás ediles farabundistas. Lo que
sí desea es que expliquen el paradero de $22 millones que
fueron cobrados a los contribuyentes para pagar el tratamiento de
la basura.
Se intentó conocer la posición de Rivas Zamora, pero
Marcos Regalado, su encargado de prensa, informó de que “por
tratarse de un campo pagado, el alcalde hablará con los otros
alcaldes para dar una posición conjunta”.
Juicio de cuentas
Tras el informe de la Corte de Cuentas, el siguiente paso es llevar
el caso a un juicio en una cámara de Primera Instancia.
- El Estado es representado por la Fiscalía General. Los
acusados (en este caso los 10 alcaldías del FMLN) nombran
a su defensor.
- Al haber una resolución se puede solicitar una revisión
o apelación de la sentencia.
- En ambos casos, el proceso se eleva a una cámara de Segunda
Instancia.
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