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Belisario Artiga sostiene
que el Decreto Legislativo 930 le dio el poder a las alcaldías
para definir el cierre o no de estas salas de juego, y que
existen municipalidades de La Libertad que los han legalizado.
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Ni
la Fiscalía General ni las alcaldías
Nadie procede contra casinos
Santa
Tecla acusó al fiscal de no actuar a casi un año de
haberle enviado el informe sobre el local abierto en la comuna y
que él es responsable de su cierre.
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| Cierran y abren. El Tropicana fue clausurado
por el municipio, pero reabrió sus puertas con otro nombre.
Foto: EDH/Mauricio Castro |
Varias alcaldías y la Fiscalía General siguen atribuyéndose
mutuamente la responsabilidad de cerrar los casinos que sigan operando
al margen de la ley.
El discurso es el mismo de agosto de 2002, fecha en que entró
en vigencia el decreto 930 que ordenaba a las municipalidades inspeccionar
y a la
Fiscalía ejecutar el cierre.
Las primeras han enviado listados con los juegos encontrados, pero
la Fiscalía quiere que le digan si son ilegales cuando el
929 establece cuáles lo son.
Las alcaldías sostuvieron que basta con tomar el decreto
y compararlo con los listados para dar por sentada la ilegalidad.
Sin embargo, el fiscal Belisario Artiga calificó de ambiguo
el decreto 930 porque, según su interpretación, le
otorga a las comunas la decisión de establecer la existencia
de juegos
prohibidos.
Papa caliente
“Hemos tenido respuestas de algunas alcaldías, en las
cuales incluso en sus escritos mencionan que lo que existen son
juegos legales y por tanto eso imposibilita darle cumplimiento a
todo el decreto y plantear lo que es la desobediencia”, explicó
Artiga.
El fiscal se refería a un casino que opera en Antiguo Cuscatlán,
según se supo extraoficialmente.
La municipalidad de Santa Tecla es directa y clara al decir que
es el Fiscal General quien no quiere proceder contra los casinos.
Fuentes de la Unidad de Comunicaciones de esa comuna confirmaron
que hace casi un año que enviaron el informe sobre lo encontrado
en los casinos de su jurisdicción.
A más de un año, el Ministerio Público no ha
dicho si procederá o si no hay irregularidad que sancionar,
tal como lo establecen los decretos legislativos 929 y 930.
Los mismo voceros reiteraron que es facultad fiscal el determinar
qué juegos son prohibidos y de ahí proceder a la cancelación
de los permisos de operación o al cierre del establecimiento.
La situación no fue diferente en Santa Ana, donde la comuna
hizo su inventario y se lo envió a la oficina fiscal regional
de Occidente.
La posición del la Fiscalía santaneca fue la misma
que hoy se adopta, es decir, querían que la municipalidad
les dijera que si las máquinas encontradas eran legales.
Belisario Artiga dijo ayer que existe voluntad de la institución
para proceder al cierre.
Prueba de ello, dijo, es que los casinos Bingo de París,
Izalco y Tropicana fueron clausurados por la institución
que dirige.
Al cuestionarle sobre la reapertura del Tropicana, Artiga dijo que
no sabía nada al respecto.
Extraoficialmente se sabe que opera desde hace varios meses y al
parecer con otro nombre.
Así fue como lo hizo el Bingo de París, que tras el
cierre reapareció con el nombre de Casino Optima Uno.
Confusión
Los casinos Izalco y Tropicana tenían como representante
único a Ricardo Antonio Suárez. Éste fue sobreseído
definitivamente de cargos de desobediencia.
El 6 de septiembre de 2002 en el Juzgado 5o. de Sentencia durante
una audiencia especial determinó que no existía dolo
de parte de Suárez en seguir operando el negocio, pese a
la orden de cierre de la Alcaldía de San Salvador.
Este caso aún se encuentra en la Corte Suprema de Justicia
debido a que la Fiscalía General de la República presentó
un recurso de casación o revisión.
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No se hacen cargo
Las posturas adoptadas por las dos partes sólo favorecen
a losamos del juego que siguen operando mientras observan
a los funcionarios tirarse la pelota.
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 La
municipalidad dijo ayer que le corresponde a la Fiscalía
determinar los juegos prohibidos y se quejaron que a casi
un año de enviada la inspección de los casinos,
no han hecho nada al respecto.
Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla |
 Artiga
sostiene que hasta el momento no hay alcaldía que haya
ordenado el cierre de los casinos que operan en el país
y lo atribuye a que el decreto 930 les da esa potestad, ante
lo cual no puede hacer nada.
Belisario Amadeo Artiga, Fiscal General |
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