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El
BID otorgó un plazo de pago de 25 años
Otorgan $100 millones para la competitividad
El
Gobierno tendrá libre disponibilidad para utilizar los fondos.
El país ya cumplió los requisitos para el primer desembolso
de $40 millones. La mayor parte de dinero proviene de concesiones
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Es el primer préstamo sectorial de competitividad que se
otorga en América Latina. Su negociación tardó
32 meses.
Son $100 millones los que el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) le otorgó al país, para que complete los programas
de modernización en los sectores marítimo, portuario
y aéreo.
Además, para que desarrolle un programa nacional de educación
tecnológica e implemente una política de libre competencia.
Pero además de dichos requerimientos, el banco también
exige que el país mantenga la estabilidad macroeconómica,
para lo cual, antes de realizar los desembolsos, revisará
el desempeño de los principales indicadores.
El directorio del banco otorgó los fondos mediante la modalidad
de libre disponibilidad para el Gobierno, con lo cual, esta y la
próxima administración presidencial decidirán
su repartición y forma de ejecución.
El financiamiento se otorgará en cuatro partes: un desembolso
de $40 millones y otros tres de $20 millones. El país tendrá
25 años para pagarlo y cinco años de período
de gracia.
Del total de dinero, $77.9 millones provendrán de recursos
concesionales del BID, lo que quiere decir que su costo será
más bajo, es decir, el país pagará por ellos
menos tasa de interés.
El resto de dinero —los $22.1 millones— se desembolsará
con capital ordinario del banco, por el cual se pagará una
mayor tasa de interés, la cual se definirá, previo
a la realización de los desembolsos.
El préstamo, cuya solicitud se hizo en marzo de 2001, con
el objetivo de obtener recursos inmediatos para acelerar el programa
de reconstrucción post terremotos, fue aprobado por el organismo
financiero el 12 de este mes.
Cumplidos
Hasta febrero de este año, el BID se mantenía celoso
con la aprobación del préstamo, puesto que exigía
una serie de condicionamientos de tipo fiscal e incentivos para
la microeconomía, pero tales requerimientos ya no aparecen,
de forma explícita, en el documento de aprobación.
Según Carmen Regina de Arévalo, coordinadora técnica
de modernización de la Secretaría Técnica de
la Presidencia (STP), no es que el organismo financiero haya bajado
sus condicionamientos, sino que se logró orientar de una
mejor forma la filosofía del empréstito, con lo que
también cambiaron las pretensiones.
La funcionaria aseguró que el país ya cumplió
con los requerimientos del primer desembolso, y solo hace falta
documentarlos ante el BID.
Además, para recibir el dinero —equivalente a $40 millones—,
también hace falta que la Asamblea Legislativa apruebe y
ratifique el financiamiento.
Entre las exigencias que el país ya cumplió, se encuentran
la aprobación del nuevo marco jurídico del sector
marítimo y portuario, la disposición legal para la
concesión del puerto de Acajutla y la vigencia de una normativa
moderna de transporte aéreo.
También el nombramiento de la autoridad de aviación
civil y la mejora de los servicios del Aeropuerto Internacional
El Salvador.
Una vez que la STP, responsable de la ejecución de la nueva
deuda, haya notificado tales avances, tendrá que documentar
otros tres paquetes de requisitos para recibir igual número
de desembolsos.
Uno de ellos es haber cumplido con el diseño de una política
de educación tecnológica y de entrenamiento laboral.
Con esta innovación, se fortalecerá el campo de acción
del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(Insaforp) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
El otro es elaborar una legislación que promueva la libre
competencia —la propuesta de ley se encuentra ya en la Asamblea
Legislativa— y estructurar las instituciones que la impulsarán.
También habrá que evaluar el funcionamiento del mercado
de bienes y servicios, para mejorar su funcionamiento.
También está el paquete de cambios que incluye la
readecuación del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa),
para que cumplan las disposiciones que establecen las leyes marítima,
portuaria y aérea.
La STP espera que los diputados no tengan objeciones para autorizar
y ratificar el préstamo, ya que todos los proyectos que se
realizarán están incluidos en las agendas de los diferentes
partidos políticos.
Auditoría
La forma en que el BID auditará la ejecución de los
fondos también fue definida con el Gobierno.
-Se mostrará la evidencia de que los desembolsos ingresaron
al BCR y que éste los trasladó a la cuenta única
del Tesoro, de donde son incorporados al Presupuesto General de
la Nación.
-La Dirección General de Contabilidad Gubernamental será
la responsable de hacer las liquidaciones.
-Ésta dará cuenta del destino de los recursos y de
los logros.
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