Comentando
Un gran mal: la mora judicial

Dicen que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones.

A propósito de esta frase, desde hace muchos años he visto magistrados que van y otros que vienen a la Corte Suprema de Justicia, y casi todos ellos, cuando comienzan sus funciones, expresan sus buenas intenciones de poner todos sus esfuerzos en hacer realidad el principio constitucional de que en el país haya una pronta y cumplida justicia, pero este gran mal sigue sin resolverse y ahora ha tomado carta de ciudadanía.

Y para que algunos no vayan a pensar que escribo sólo por fastidiar, habida cuenta que jueces y litigantes ya estamos fastidiados con estas grandes tardanzas en perjuicio de nuestros patrocinados y, sobre todo, del sistema jurisdiccional, traslado textualmente lo que expresa la Sala de lo Constitucional bajo la referencia 277-98: “La acumulación de los procesos en los tribunales imposibilita que se exija al juez que cumpla con el procedimiento exacto del plazo, pues el exceso de carga de trabajo excede el alcance de su diligencia” (Revista de Derecho Constitucional No. 28, Tomo I, julio-septiembre de 1998).

Otra muestra derivada de esa resolución, que ha adquirido el carácter de jurisprudencia obligatoria en nuestro país, es la siguiente: En abril de este año que agoniza y en mi calidad de defensor particular, estuve en un juzgado de paz de Apopa, el cual, en menos de setenta y dos horas después de habérsele presentado el requerimiento fiscal, celebró la audiencia inicial. Aquí está bueno el procedimiento, me dije, y todo caminará sobre ruedas. Pero nones. La jueza, a pesar de las pruebas de descargo y basándose en forma estricta en un artículo del Código Penal, ordenó la instrucción solicitada por el inflexible agente fiscal.

La audiencia preliminar se efectuó hasta el mes de septiembre, siempre en Apopa. Ya mis patrocinados llevaban casi seis meses detenidos, sin que se decretara una medida cautelar sustitutiva a la de prisión, pese a nuestras gestiones. Todo es cuestión de procedimientos y, muchas veces, de criterios muy rigoristas de alguno que otro juzgador. De nuevo, a pesar de las pruebas de descargo, que consideramos suficientes, irrebatibles y justas, aquel tribunal falló por pasar la causa a un tribunal de sentencia capitalino, y no fue hasta hace pocos días que este tribunal resolvió celebrar la vista pública hasta el mes de julio del año entrante.

Fundamento de su tardanza: la acumulación de trabajo, porque la verdad es que todos los tribunales sufren con esta sobrecarga, y cuando digo todos, es que son todos. Ejemplo, esos tribunales de Menor Cuantía que sólo son dos y tienen más de treinta mil casos pendientes.

Es urgente, justo, necesario, que la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, las procuradurías, las asociaciones de jueces y de abogados, las universidades que tienen la carrera de Derecho y la misma Policía Nacional Civil celebremos cuanto antes un foro encaminado a plantear soluciones eficaces a esta gran mora judicial que sufre el país desde hace tiempos. No basta con estar justificando lo que es injustificable. Centenares de personas, con seguridad muchas de ellas inocentes, gimen tras los barrotes de un sistema penitenciario cruel y sobresaturado. Acción es la palabra clave en este caso.

Yo estoy de acuerdo con los jueces: por mucho que ellos quisieran celebrar pronto las audiencias, o las vistas públicas, tienen una acumulación de casos que forman verdaderas montañas. Los problemas del sistema jurisdiccional son muchos, pero algunos no quieren ver o no quieren emprender la tarea de irlos resolviendo, aunque sea poco a poco. Pero, antes que nada, urge que busquemos medidas eficaces para todo el aparato de justicia, ya que también las áreas civil y mercantil están igualmente saturadas y no solamente la penal.
* Psicólogo y Abogado