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El agua es el centro de una batalla legal

Santa Ana . Un proyecto de agua potable en la comunidad Buena Vista 2, de Chalchuapa, ha desatado una guerra abierta entre directivos del lugar y la alcaldía.

Iris Lima/Wenceslao Martínez
El Diario de Hoy
elpais@elsalvador.com
Vecinos de Buena Vista 2 discuten sobre quién es responsable del sistema de agua. Foto EDH

La necesidad del suministro de agua potable obligó a los residentes de la comunidad Buena Vista 2, ubicada en el kilómetro 75 de la carretera que de Chalchuapa conduce a Ahuachapán, a buscar alternativas.

Fue así como lograron, a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), obtener el dinero necesario para echar a andar un proyecto en la zona. El servicio era manejado hasta el jueves 6 de noviembre por los directivos de la comunidad, quienes también integran la Asociación de Servicios Múltiples de Agua Potable Buena Vista 2 (ASMAPBV2).

La comunidad dejó de manejar el proyecto, después de que una persona enviada por la Alcaldía violentara la puerta donde se encuentra la bomba de agua y se posesionara del sitio. “El señor José Salvador Zerceño no trabaja en la Alcaldía y es una persona civil... ni siquiera nos presentó una orden donde nos explicara por qué la Alcaldía se adueñaba del lugar...”, recalcó Jorge Ramos, síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) del lugar.

El FISDL utilizó a la Alcaldía chalchuapaneca como vía de comunicación para aportar el dinero, pero fue la comunidad la que trabajó en la construcción e instalación del sistema.

Un acuerdo

Cuando terminaron el proyecto, la Alcaldía lo abandonó. Fue así como los directivos tomaron las riendas. “El alcalde estuvo de acuerdo...”, afirmó Ramos.

Sin embargo, después de cuatro años de iniciada la obra, la Alcaldía reclama los derechos aduciendo malversación de fondos por parte de la directiva de la comunidad.

Incluso, en la Fiscalía de Santa Ana hay un expediente abierto donde se acusa a cuatro directivos de la Adesco: Jorge Ramos, síndico; Rafael Acuña, presidente; José Cerna y Miguel Ángel Hernández, ambos ex directivos.

Las viviendas de todos ellos fueron allanadas hace dos semanas.
Uno de los fiscales del caso, quien no quiso proporcionar su identidad, aseguró que “la Fiscalía procedió porque quisimos verificar los registros de control, y el señor Acuña (presidente de la Adesco) no los presentó”.

Por su parte, el presidente de la Adesco manifestó que el único interés que podría tener la Alcaldía en querer tomar las riendas del proyecto es que “la Alcaldía de Chalchuapa lo que quiere es robarle los terrenos a la comunidad. Nosotros tenemos todos los papeles en orden, pero como ya hay entre 80 y 90 mil colones en la cuenta bancaria, que son fondos de la comunidad, ahora sí quieren ser ellos quienes administren el proyecto”.

Mario Rafael Ramos, alcalde de Chalchuapa, explicó que la demanda es fruto de la denuncia hecha por un grupo de habitantes de la comunidad.

Fueron ellos quienes pusieron en entredicho a los directivos.

Incluso, dijo que la comuna promovió un juicio conciliatorio, pero ninguno de los señalados asistió.
Luego, aclaró que el proceso carece de tintes políticos o de resentimientos.

 

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