PDDH impugna la Ley Antimaras

Con ésta, son tres las demandas que estudia la Sala contra la controvertida ley sobre las pandillas impulsada por el Ejecutivo.

La procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, es abordada por periodistas tras presentar su escrito en la Corte. Foto EDH

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, intenta anular la Ley Antimaras por medio de un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.

La funcionaria presentó ayer la demanda ante la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal.

Según el recurso de inconstitucionalidad, cerca de 36 artículos de la normativa violan, al menos, siete garantías constitucionales.

Entre los derechos violados, se puede mencionar el principio de culpabilidad, legalidad, razonabilidad, presunción de inocencia e igualdad.

Es la primera vez que la Procuraduría, según De Carrillo, “emplaza” a la Corte con una demanda de este tipo.

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“Es un gesto histórico grande que por primera vez emplazamos a la Corte. Si ésta se queda callada es su responsabilidad ante la justicia, ante el Estado de Derecho y ante el pueblo salvadoreño”, dijo.

La procuradora reconoce que los magistrados constitucionalistas no tienen un término de tiempo específico para emitir un fallo y es algo que se debe reformar, pues existe demasiada “discrecionalidad” a la hora de resolver la demandas en cuestiones de tiempo.

Y es que después de un mes, el mismo tribunal no se pronuncia si admite o no la primera demanda en este tema, presentada por el ciudadano José Francisco García.

Casi al mes de presentado el recurso, la Sala previno a García sobre vacíos en su demanda. El inconforme cumplió con los requerimientos que le hicieron la semana anterior, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

García pidió la suspensión de la aplicación de la ley, mientras se emite una resolución definitiva en el caso.

Los magistrados ya han dicho en otras ocasiones que la Ley de Procedimientos Constitucionales no prevé la suspensión del acto que se intenta impugnar. Sólo es aplicable en las demandas de amparo.

Sin embargo, García confía en que los magistrados accedan con base en la jurisprudencia (precedente), inclusive, internacional.

Con la demanda de la procuradora De Carrillo suman tres recursos que la Sala de lo constitucional estudia por este mismo tema.

Ayer mismo, una asociación que trabaja en la rehabilitación de pandilleros, “Jóvenes Unidos” (Humies Unidos, según el caló de pandillas) presentó también su propia demanda, en la que argumentan que la ley contra las maras viola cerca de diez derechos de la Carta Magna.

Entre estas garantías violadas se encontrarían la igualdad, presunción de inocencia y que los menores infractores deben tener su legislación.

Tanto De Carrillo como Jóvenes Unidos no pidieron suspensión de la ley.

La procuradora dijo, además, que estará pendiente de las recientes reformas de tribunales especiales para el tema de maras, para analizar si el cambio es inconstitucional o no.

La Asamblea hizo las últimas reformas a la Ley Antimaras, en la plenaria del jueves pasado.
Mientras tanto, los jueces siguen invocando la independencia judicial y aún son pocos los que aplican la nueva ley. Recientemente, un juez de Paz aplicó la ley en la prohibición de pertenecer a maras y uno de Instrucción desaplicó la misma y aplicó las leyes penales vigentes.