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Conductores piden quitar líneas férreas en desuso

San Salvador. El descuido de las estructuras provoca daños en los autos. Fenadesal no tiene proyecto de desmontarlas. Piden retirarlas

L. Ábrego/E. Rodríguez
El Diario de Hoy

metro@elsalvador.com

Los automovilistas que transitan a diario por las calles de los municipios de Ciudad Delgado, Soyapango y otras ciudades de San Salvador piden a Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (Fenadesal) que retire las líneas férreas que no se utilizan, ya que éstas se han vuelto un obstáculo para el tránsito.

Los conductores, además, se quejan de que los rieles causan deterioros en los automotores.
Hace más de un año se puso punto final al servicio de transporte ferroviario, debido a que la escasa demanda no compensaba el gasto por su funcionamiento.

En Ciudad Delgado, por ejemplo, existen muchas arterias que son atravesadas por líneas ferroviarias, convirtiéndose en un constante dolor de cabeza para los conductores, ya que eso les implica realizar maniobras para que el daño en los vehículos sean mínimos.

Carlos Martínez, conductor, explicó por qué evita circular por la calle principal de la Colonia San Antonio, kilómetro 11 de la Carretera Troncal del Norte.

“Aquí siempre hay problemas para pasar. Cuando llega el invierno el tramo donde está la línea férrea se socava, haciéndose imposible circular por ahí”, aseguró.

Otros municipios


José Beltrán, otro automovilista, manifestó que este problema le genera gastos innecesarios, ya que a menudo tiene que comprar repuestos como amortiguadores, flechas, tijeras y llantas.

Esa queja también es común entre los choferes que, obligadamente, deben circular por calles que atraviesan las líneas de trenes en los municipios de Soyapango, Apopa y San Salvador.
Consultados al respecto, empleados de Fenadesal informaron que, de momento, no conocen ningún proyecto que contemple la reactivación de la red ferroviaria.

En el Departamento de Vías y Estructuras de dicha institución afirman no tener instrucciones para desmontar las líneas.

La decisión, aseguran, le compete a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.

 

 

 

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