Los funcionarios
Ambigüedades y medias palabras

Los pueblos en vías de desarrollo necesitan adquirir madurez política para vivir en democracia, educándose en un ambiente de libertad, igual que los niños pequeños que aprenden a convivir con otros, a elegir, a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos.

Esta tarea compete a sus padres, y en el caso de los pueblos, a los funcionarios públicos y a todos aquellos que de alguna manera están investidos de autoridad, en especial si han sido electos por el pueblo.

En las declaraciones de los políticos locales, se percibe en algunos casos falta de compromiso con su cargo; en otros, total desconocimiento del tema, y en la mayoría, ambigüedad, medias palabras, redundancias, circunloquios y otros recursos que lejos de explicar, educar y aclarar asuntos trascendentes, confunden a unos, indignan a otros y dejan en entredicho su sinceridad, ya que una media verdad es definitivamente una mentira.

Y como se supone que los funcionarios son especialistas en los temas que tratan, sus declaraciones deberán orientar al pueblo, que, en la mayoría de los casos, desconoce totalmente las leyes, sus aplicaciones y consecuencias.

El caso del individuo capturado por amenazar de muerte al cuñado, y al que se le encontró una extensa siembra de marihuana y confesó haberla plantado para pagar deudas, fue liberado por la jueza porque el terreno sembrado no era de su propiedad. A los tres días mató a su sobrino, en venganza por la denuncia del cuñado.

En el Plan Mano Dura es triste analizar las dos caras de la moneda. Por un lado, el sufrido pueblo (nunca mejor aplicado el término), víctima de la violencia en carne propia, que no entiende de legalismos pero siente que ha perdido a sus seres queridos de manera cruel y sanguinaria, y como busca justicia y tranquilidad, aprueba mayoritariamente la iniciativa presidencial y celebra los resultados visibles en sus comunidades.

Por otro lado, los legalistas, apoyados en la Constitución y su Artículo 35, insisten en que las conductas de los menores se deben someter a un régimen jurídico especial, pues no se pueden juzgar con un proceso penal similar al de los adultos, aunque los crímenes sean tan salvajes, precisamente porque su condición irresponsable les hace ser más crueles y temerarios.

Al pueblo que no sabe de leyes, pero entierra llorando a sus hijos masacrados, le cuesta entender una Constitución infalible, cuyos artículos fueron hechos por hombres, que están sujetos a equivocarse.

Que han transcurrido 20 años desde su promulgación y que el libertinaje, el desenfreno moral, la desintegración familiar, las drogas, el alcohol y el permisivismo reinante han cambiado radicalmente las conductas de los menores, que ya no pueden ser considerados bajo la misma óptica.

Los cadáveres mutilados con saña y crueldad no parecen impactar a los legalistas, que continúan repitiendo como una grabación la inconstitucionalidad sin ofrecer apoyo, ni otra opción o salida que permita combatir el crimen de las pandillas.

No se toma en cuenta la cara negativa del fenómeno de la transculturización, que aun en EE.UU., con mejor calidad de vida, niveles más altos de cultura, respeto a las leyes y mejores oportunidades de empleo y de educación, las maras han sembrado el terror, por lo que la policía de Los Ángeles ha tomado medidas extremas.

Y aunque aquí normalmente el modelo estadounidense se convierte en un patrón a imitar, en el caso de las medidas drásticas de Los Ángeles, el asunto no funciona. Según altos funcionarios del Órgano Judicial, los contextos de ambos países son diferentes y, por ende, el tratamiento debe cambiar. Pero no explican en qué radica la diferencia de contextos ni por qué del cambio en el tratamiento.

Dice el Dr. Eduardo Tenorio que como los sistemas constitucionales de ambos países son distintos, algunas restricciones contra las maras no se podrían aplicar en El Salvador, porque se violarían los derechos fundamentales.

¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Por qué son diferentes en EE.UU. y en El Salvador? ¿Por qué estas medidas allá no violan esos derechos y aquí sí? Ambigüedad y medias palabras, triste excusa de escudarse en el legalismo sin proponer soluciones o por temor a comprometerse.

Se ha distorsionado totalmente la escala de valores y con facilidad se confunden los conceptos con la apreciación y valorización personal de los mismos. Hay manipulación para lograr fines oscuros y justificar conductas irregulares, por lo que se debe exigir a los funcionarios, cuya voz debe ser oída y respetada por su autoridad moral, ser claros en sus planteamientos, explicando sus argumentos, dando respaldo a sus criterios y ofreciendo soluciones, porque las ambigüedades y las medias palabras hacen mucho daño, porque generan desconfianza y disminuyen la credibilidad.

*Columnista de El Diario de Hoy.