Desde Washington
Estados Unidos urge actualizar puertos contra el terrorismo

Ahora que Estados Unidos y Centro América avanzan hacia un acuerdo de libre comercio para finales del año, las fronteras y los puertos posiblemente serán cada vez más transitados, y potencialmente más vulnerables.

Tres letras cruciales han entrado en el alfabeto del comercio internacional: CSI. Pero, desafortunadamente, todavía no forman parte del léxico latinoamericano.
La Iniciativa de Seguridad en Contenedores o CSI (según siglas en inglés) fue lanzada por el Gobierno estadounidense en febrero de 2002 para prevenir que terroristas utilicen el comercio exterior, 90 por ciento del cual va en contenedores marítimos de carga, como medios para transportar armas de destrucción masiva. Como parte del programa, agentes de la Aduana de Estados Unidos trabajan en puertos extranjeros -con elevado volumen de carga o en lugares estratégicos-, para ayudar a inspeccionar contenedores antes de que sean sellados y embarcados hacia Estados Unidos.

En términos prácticos, esto significa que contenedores de puertos CSI pasan rápidamente por los desembarcaderos de entrada estadounidenses, mientras que otros contenedores pueden sufrir retrasos de hasta tres días mientras son inspeccionados.

Y aunque los retrasos son precauciones de seguridad justificadas, se convierten en perjuicios financieros para los exportadores. Funcionarios en Latinoamérica lo comprenden. Debido a que sus países tienen un volumen comercial menor y a que sus industrias de carga son consideradas de menor riesgo terrorista, se encuentran en una clara desventaja. Hoy en día no hay en toda América Latina un solo puerto certificado CSI.

No sorprende entonces que entre las principales solicitudes que escuchó el secretario de Estado, Colin L. Powell, esta semana en su visita de dos días a tres países centroamericanos, estaba una aparentemente simple: ayúdennos a hacer que un importante puerto de la región obtenga el certificado de seguridad de Estados Unidos.

Dicho muelle, Puerto Cortés, al norte de San Pedro Sula, Honduras, en sólo este año ha exportado el equivalente de más de 300.000 contenedores de mercancías. Una sexta parte de esos productos provenía de sus vecinos Nicaragua y El Salvador e incluían miles de millones de dólares en textiles confeccionados con telas estadounidenses. En Honduras, las exportaciones son la principal fuente de divisas.

Misiones oficiales estadounidenses han empezado a visitar países exportadores más grandes, como Argentina, para explorar la posibilidad de certificar otros puertos bajo CSI. Pero dichos puertos, al igual que Puerto Cortés tendrán primero que cumplir con las normas mínimas del CSI en equipos de inspección al igual que en sistemas computarizados para identificar empleados portuarios y compartir información con autoridades estadounidenses.

Sólo una de las requeridas máquinas de rayos X o rayos gamma cuesta entre $1 y $5 millones de dólares. Las otras tecnologías seguramente costarán incluso más. En resumen, mientras la voluntad de cumplir existe, muchos gobiernos latinoamericanos no estarán en capacidad de financiar solos el cumplimiento de los requisitos.

Además de CSI, otras iniciativas estadounidenses de seguridad presentan mayores retos a todos los que exportan a Estados Unidos. Una de esas iniciativas requiere que todos los exportadores notifiquen a la Aduana estadounidense 24 horas antes de que cualquier cargamento destinado a Estados Unidos empiece a ser fletado en el exterior.

Esta solicitud, que parece modesta a primera vista, ha generado retrasos, confusión y pesadillas logísticas para algunas de las compañías más grandes y sofisticadas del mundo, como Sony, Michelin y Mikasa, de acuerdo con la última edición de la revista Fortune.

Otra iniciativa, bajo la ley estadounidense contra el bioterrorismo, requiere que proveedores de alimentos nacionales e internacionales se registren ante la Administración Federal de Alimentos y Medicinas. Aquellos que no se hayan registrado antes del 13 de diciembre podrían ver sus productos decomisados y enfrentar acciones legales civiles o criminales.

Los exportadores menos flexibles, menos sofisticados y menos resistentes probablemente tendrán dificultades en superar los escollos. Y aunque esa posibilidad parece favorable para una visión darwiniana de la economía y el comercio, es contraria a las metas de la administración Bush de promover crecimiento ayudando a empresarios medianos y pequeños.

Más aun, un modelo que parece favorecer la ley del más fuerte podría afectar en forma adversa el principal objetivo estadounidense de mayor seguridad. Mucho se ha dicho ya acerca de cómo la pobreza estimula la inestabilidad, y la inestabilidad, la falta de seguridad.

Ahora que Estados Unidos y Centro América avanzan hacia un acuerdo de libre comercio para finales del año, las fronteras y los puertos posiblemente serán cada vez más transitados, y potencialmente más vulnerables. Si el acuerdo debe también servir como modelo para el resto de la región, no actualizar puertos centroamericanos como Puerto Cortés, para que cumpla con las normas de seguridad post 11 de septiembre, haría del pacto comercial un ejemplo arriesgado.

Ciertamente, Latinoamérica puede cosechar muchos beneficios del CSI y las otras medidas de seguridad para el comercio. Nuevas presiones para reducir la corrupción, agregar eficiencia y modernizar los procesos de exportación, para no mencionar el aumento en la detección de todo tipo de comercio ilícito, son muy promisorias. Pero permanecerán siendo sólo promesas vacías si las barreras para cumplir con las nuevas normas de seguridad no son superadas con un flujo substancial y rápido de inversión externa.

*Columnista del Washington Post.