Tema del momento
El trastorno antisocial

En este momento los temas más candentes —aparte de las elecciones— son los saqueos de las alcaldías, la desaparición de $30 millones en ANDA y la interpretación y la aplicación de la ley antimaras.

Todo el pueblo sufre lo que parece una epidemia de la violencia a manos de las maras, y por los robos, desfalcos, fraudes y abusos de los corruptos. Esto repercute en los servicios públicos deficientes o que no se prestan por la falta de fondos que han ido a enriquecer a inescrupulosos.

Estamos en vísperas de elecciones, y el tema de la corrupción recibe mucha atención de los medios. Las denuncias han sido enfocadas, más que todo, en las alcaldías.

El desfalco, hurto de fondos gubernamentales, departamentales o municipales es penado, pero son fáciles de encubrir con la cooperación de cómplices; asignaciones para obras que no se hacen no son visibles a simple vista.

Lo mismo para servicios que se paguen, pero que no se dan; las compras de materiales que se cobran, pero que no se entregan en su totalidad no son fáciles de comprobar. Tampoco la calidad de los productos comprados por instituciones gubernamentales o autónomas no se pueden comprobar si los proveedores y las instituciones compradoras se ponen de acuerdo.

Cuando resulta deficiente una obra contratada por una dependencia del gobierno y a los pocos años se necesita reparación o reposición, las autoridades sencillamente solicitan ampliar el presupuesto para su reparación o reposición.

Cuando un tramo de carretera se hunde o desmorona o una tubería se rompe y causa inundaciones, las autoridades no preguntan quién hizo las instalaciones en primer lugar, para establecer responsabilidades, porque los contratos no contienen previsiones para tales contingencias.

No creemos que los casos que mencionamos arriba estén incluidos ni penados en los códigos correspondientes, ni que hay fiscal interesado en demandar a una alcaldía. Tal vez algún doctor en Leyes podría hallar en el Código Civil la manera de aplicar sanciones por incumplimiento de contratos, pero sería muy difícil encontrar quien se hiciera cargo, comenzando con establecer quién es el ofendido.

Y aun en el caso remoto de poder emplazar una demanda y ganarla, el resultado sería una condena de reparaciones en efectivo, impuestas al imputado, que de inmediato se declararía en quiebra, ya que todos sus bienes han pasado a ser propiedad de su esposa o de prestanombres, y el delito se convierte en deuda que en ningún país civilizado es encarcelable.

Es curioso que, en el caso de los mareros, los sicólogos y los siquiatras atribuyen la conducta incorrecta al Trastorno Antisocial de la Personalidad. Según los criterios internacionales de diagnóstico acorde al DSM-IV (proporcionado al autor por el siquiatra Mario Rauda) los síntomas siguen un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás.

Muestran un fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, deshonestidad, estafar para obtener un beneficio personal, impulsividad, irritabilidad, agresividad, despreocupación por el resultado de sus hechos, incapacidad de planear para su futuro, falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros.

Los corruptos, a nuestro parecer, padecen lo mismo que los mareros el patrón general del Trastorno Antisocial de la Personalidad, que se diagnostica básicamente como el desprecio y violación a los derechos de los demás. Esto puede explicar en gran parte la epidemia de conducta antisocial que el país padece.

*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.