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Delegados del FMI, se reunirán este lunes con miembros del gobierno para conocer si se cumplieron sus recomendaciones y entablar un acuerdo de ayuda económica; sin embargo, la propuesta del gobierno conocida como pacto fiscal y que “encantaría” al fondo se complicó el viernes. La concertación del proyecto de Ley de responsabilidad fiscal, que se discute desde agosto y en la que participan casi todos los sectores de la sociedad, debía tardar sólo 45 minutos según la agenda programada para hacer las correcciones necesarias, pero no se concluyó. La primera complicación fue hace unos meses cuando las cifras macroeconómicas del país no llenaban las expectativas del fondo, luego el gobierno propuso el pacto fiscal que pretende un acuerdo consultado pero que se enredó. Sectores que participaban en la revisión del pacto fiscal se retiraron de las pláticas bajo el argumento que el paquete ahora es diferente al negociado inicialmente. “Este documento difiere mucho del primer borrador que hicimos en la primera reunión, lo que considero una estrategia planificada para meter un gol a todo el pueblo hondureño”, reclamó el representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, Cuth, José Luis Baquedano. Los golpes El dirigente obrero detalló sobre los cambios en el documento y cree que afectan a la población porque se plantea la limitación del gasto corriente para los próximos dos años a un porcentaje máximo del 18 por ciento con relación al Producto Interno Bruto, PIB. A su criterio, se pretende lograr mediante el congelamiento de salarios (no otorgar aumentos) a los empleados públicos. Baquedano dijo que también se procederá al ajuste de los subsidios otorgados a las actividades productivas como transporte, y energía eléctrica con un carácter temporal y enmarcándose en la capacidad financiera del Estado, limitando los mismos a las personas de más bajos recursos. La opinión oficial El titular de Finanzas, Arturo Alvarado, negó que la ley lleve esa intención, ya que ha sido elaborado por todos los sectores de la sociedad. Pero no todos estaban presentes en esa segunda reunión de concertación, faltaron representantes de los docentes de las universidades y los comerciantes del sector informal. En el borrador de la ley también se estipula que el déficit fiscal del sector público no financiero no podrá exceder del 2 por ciento en relación al PIB, por lo que se elaboraría de inmediato un proceso de reingeniería al gobierno central. Instituciones públicas y empresas estatales serían reestructuradas, fusionadas o eliminadas dice el documento. Los representantes de los trabajadores interpretaron las reformas como despidos masivos de empleados estatales. Otro aspecto planteado indica que se debe reducir gradualmente el nivel de endeudamiento del sector público, ajustando a mediano plazo su deuda a un máximo de 60 por ciento del PIB. Olban Valladares, miembro de la comisión de finanzas del Congreso Nacional, aseguró que esa ley no se debe ver como un tercer paquetazo, coincidiendo con lo sostenido por Alvarado, porque “todos los sectores de la sociedad han participado”. El titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Mario Duarte, también respaldó la posición del ministro de Finanzas. Acuerdos preliminares del pacto fiscal • Reestructurar la tributación para que sea más moderna y transparente • Simplificar procesos para legalizar negocios • Reducir el déficit fiscal por control mediante el gasto público corriente • Implementar la eficiencia de Puerto Cortés • Eliminar las exoneraciones fiscales • Establecer un régimen tributario simplificado para el sector informal. |
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