La ley existe, pero no se cumple

La Asamblea Legislativa aprobó, en abril de 2000, la Ley de Equiparación de Oportunidades paras las Personas con Discapacidad.

Destreza - William Lazo es sordo y trabaja en el Viceministerio de Transporte. A diario, enfrenta muchas dificultades. Foto Luis Villalta

Sin embargo, todavía parece que esa normativa no es del total conocimiento de la población, incluso de la misma con capacidades especiales.

La normativa establece, por ejemplo, en el Artículo 23, que “todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo, por cada 25 trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación profesional idónea, apta para desempeñar el puesto de que se trate”.

Agrega que “igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias...”.

Esta disposición contrasta con la situación vivida, el año pasado, por William Lazo en el Viceministerio de Transporte.

Lazo, quien padece de problemas auditivos, estuvo a punto de ser despedido, bajo el argumento de “los tradicionales reducciones de plazas innecesarias”.

Igual suerte correrían dos motoristas sordos que laboran en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los tres lograron mantener sus puestos, gracias a los recursos que presentaron tanto ante la Fiscalía General de la República como ante la Procuraduría par la Defensa de los Derechos Humanos.

“Al final, las autoridades se disculparon con nosotros. Pensaron que no teníamos problemas auditivos”, explicó Lazo.

La apuesta sería, entonces, que las asociaciones de personas con capacidades especiales sean las que se encarguen de promulgar entre sus miembros los derechos que poseen, sobre todo, a través del adecuado conocimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades.

Por ejemplo, la Asociación Salvadoreña del Sordo se reúne todos los sábados por la tarde, en la Iglesia Luterana, para discutir las problemáticas más recurrentes a las que se enfrenta el sector.

Asimismo, la Asociación Nacional de Ciegos realiza reuniones constantes para capacitar a sus miembros en diversos aspectos.

También cuentan con una microempresa que se encarga de dar masajes, ya sea relajantes o reductivos. De esta forma, ayudan a sufragar algunos gastos en los que incurren.

Problemas con la infraestructura

- El acceso a instalaciones urbanas es uno de los puntos más discutidos por los discapacitados.

- El Artículo 13 de la Ley de Equiparación de Oportunidades establece, por ejemplo, que los lugares públicos o privados deben contar por lo menos con un tres por ciento de espacios destinados a estacionar vehículos conducidos o que transporten a personas con alguna discapacidad.

- Asimismo, el Artículo 15 precisa que se deberá procurar que los ascensores cuenten con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, y con mecanismos de emergencia que puedan ser utilizados por todas las personas.

- Además, el Artículo 17 indica que se debe procurar que los programas de información al publico sean presentados en forma accesible a todas las personas.

- En la práctica, estas disposiciones son escasamente cumplidas por las instituciones, que, en la mayoría de veces, no toman en cuenta las limitantes de las personas con capacidades especiales.

Tibia iniciativa del transporte

La aplicación de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas Discapacitadas en el transporte público todavía se encuentra en pañales.

El Artículo 30 del reglamento de esa normativa establece los derechos de los ciudadanos con capacidades especiales a la hora de hacer uso del transporte colectivo.

Sin embargo, a tres años de la entrada en vigencia de la ley, todavía no se ven frutos claros en beneficio de los discapacitados.

Por ejemplo, Claudia Lorena Hernández, una persona con problemas de motricidad, asegura que de los 52 buses con que cuenta la ruta 7C, que hace su recorrido entre Soyapango y la Terminal de Occidente, “sólo en cinco cabe mi silla de ruedas, y por la parte de atrás”.

Empero, el viceministro de Transporte, Rogelio Tobar, dejó en claro que “equipar las unidades para garantizar la accesibilidad tardará un tiempo indefinido”.

La declaración la hizo durante una reunión sostenida a mediados de la semana pasada, entre transportistas y miembros del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (Conaipd).

Los autobuses, según la ley, deben contar con rampas que permitan que las personas en sillas de ruedas puedan subir con facilidad.

“Para implementar esa medida, se deben realizar estudios para determinar qué tantas unidades se deben equipar. Se puede comenzar con estrategias fáciles de cumplir, como establecer un área de asientos destinados para ellos, o mejorar el sistema de timbres”, señaló Tobar.

El considera más importante, antes que la ley, el recurrir a la solidaridad de los usuarios del transporte.

“Debemos hacer de nuestro país un país de oportunidades para todos”, enfatizó la directora del Conaipd, Aída Simán de Betancourt.