Analizando
Partidos políticos y corrupción

Rodolfo Chang Peña*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

El peligro de que la corrupción siga creciendo con el mismo ritmo como hasta ahora es que vaya a provocar crisis y evolucione al deterioro social, como en varios países de L.A.

La corrupción en las altas esferas de nuestro medio, más que un asunto de control y rendir cuentas, se ha convertido en un problema político y, como tal, los institutos políticos podrían contribuir a enfrentarlo y tal vez hasta resolverlo. La tarea no es tan fácil, pero no imposible y a menudo desempeñan un rol de peso la denuncia ciudadana y los medios de comunicación, que en este respecto realizan una verdadera auditoría social. Los corruptos lo saben, por cuanto lo primero que hacen para defenderse es obstruir el acceso a la información, para escurrir el bulto ante la opinión pública.

En esto de la corrupción no hay que pecar de ingenuos y mucho menos rasgarse las vestiduras. Es y ha sido el mal de siempre, aquí como en cualquier parte. Según parece, la posibilidad de “componerse” se transforma en una pasión incontrolable de la que muy pocos logran escapar, y lo prueba el hecho de que, salvo muy raras excepciones, prácticamente nadie está dispuesto a conformarse sólo con el sueldo. En realidad, lo preocupante es su crecimiento exagerado en los últimos tiempos, alcanzando niveles nunca vistos en el pasado, aun en gobiernos de corte populista, ilegítimos y hasta de transición.

Hay que admitir que el marco legal vigente y sus mecanismos de control son verdaderas coladeras y “tapadurías” que, lejos de prevenir, detectar y corregir un problema de tanta raigambre, en cierta forma hasta lo estimulan. La corrupción ha empañado las buenas obras de la mayoría de gobernantes de la última década, no sólo en el gobierno central, también en las municipalidades, entidades autónomas y otras organizaciones descentralizadas. Además de causar desprestigio en alguna medida, tiende a frenar el proceso de democratización que tanto ha costado al país, hace añicos la credibilidad que los ciudadanos depositan en sus funcionarios, provocando pesimismo y desencanto, y para colmo, hasta adquiere las características de un arma política que esgrimen algunos interesados en sus intentos de debilitar el Estado para aprovecharse de las circunstancias con fines electoreros.

El tiempo ha demostrado que no basta la simple existencia de leyes en contra de la corrupción, que se necesita, además de la voluntad política de descubrir y castigar a los responsables, de la colaboración de todos los sectores sociales y, especialmente, de los partidos políticos, como antes se ha dicho. Es natural, son ellos los que seleccionan los cuadros que después salen con las “cajas destempladas” y alguna responsabilidad deben de asumir, a lo mejor si utilizaran filtros más finos para escoger a su gente, la situación fuera un tanto diferente.

La ciudadanía todavía tiene esperanzas de que algún partido político, de los que ahora existen tantos, fundamente su oferta política en una cruzada nacional para rescatar a nuestro querido país de este lastre. El ciudadano común, a quien nadie regala nada y tiene que pagar cabales sus impuestos, ya no soporta, por ejemplo, el nepotismo en gran escala que se observa en algunas instituciones, el uso de vehículos nacionales para menesteres familiares, las licitaciones con dedicatoria, la evasión de impuestos, los viajes turísticos a costa del erario nacional, los concursos amañados, la impunidad en sonados casos de defraudación, los incrementos de sueldo “autorrecetados” y los cambios en las leyes para beneficiar allegados.

El peligro de que la corrupción siga creciendo con el mismo ritmo como hasta ahora es que vaya a provocar crisis y evolucione al deterioro social, como ha sucedido en varios países de Latinoamérica. Estos últimos generan tanta desconfianza en el concierto internacional, que los organismos financieros los obligan a adoptar medidas específicas contra la corrupción, como condición para prestarles dinero o enviarles asistencia humanitaria, además de que el mismo gobierno de los Estados Unidos, se ha visto en la necesidad de retirar visas a los funcionarios corruptos y a sus familiares.
* Dr. en Medicina.