Sin definir indemnización de estragos por descargas

Una de la salas de la Corte rechazó amparar a CEL, y otra aún revisa la indemnización

Alberto López
El Diario de Hoy
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Los ingenieros condenados por el tribunal de San vicente argumentaron que las descargas fueron necesarias, pues el daño habría sido peor. Habitantes del bajo lempa dijeron, en su momento, que no fueron alertados del riesgo. Se ha criticado que sólo figuren tres víctimas en el caso.

La indemnización por los estragos ocasionados por las descargas de la presa 15 de Septiembre, a causa de la tormenta tropical “Mitch”, en 1998, está congelada.

Al menos hasta que la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emita una nueva sentencia sobre la indemnización civil subsidiaria (conjunta) de dos ingenieros y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

En octubre del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la misma Corte negó el amparo a CEL. La estatal no estaba de acuerdo con el fallo de condena e indemnización de un tribunal vicentino, de diciembre de 2000, y por la negativa de la Sala de lo Penal en casar o revisar el fallo del tribunal.

Los abogados alegaban que se habían violado derechos como la propiedad y la seguridad jurídica con las decisiones de ambos tribunales.

Alegaban que CEL no era parte del proceso y no le correspondía la indemnización subsidiaria con los ingenieros, pues en la audiencia inicial de 1999, el tribunal de Paz excluyó al presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, por gozar de fuero o inmunidad como diputado suplente de la Asamblea Legislativa (ver nota a la derecha).

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Sin embargo, la Sala de lo Constitucional declaró no ha lugar al amparo, principalmente, porque los ingenieros estaban acreditados como servidores públicos por CEL, por lo tanto si se comparte la indemnización.
Mientras tanto, la misma Sala también estudiaba una demanda de amparo más, pero en este caso era promovida por las víctimas. En ella sólo figuran tres, a quienes el tribunal amparó y determinó que debía emitirse una nueva sentencia en lo que se refiere a la indemnización, pues se violaron derechos constitucionales.
Esta decisión es la que promovió la revisión de la indemnización ante un juzgado de lo Penal, según trascendió ayer.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente, por medio de un jurado de conciencia (de ciudadanos), encontró culpables a José Antonio Cornejo Ávalos y Luis Alonso Ardón Hernández, en diciembre de 2000, por el delito de estragos.

El juzgado condenó a los profesionales, en enero de 2001, a tres años de prisión y al pago subsidiario (compartido) con CEL de más de 18 millones de colones.
Los ingenieros no guardan prisión, debido a que las leyes ordenan la sustitución de la detención en cárcel por otra medida restrictiva cuando la pena no pase de tres años.
Ambos tienen arresto domiciliar los fines de semana.

Las autoridades de emergencia y la misma CEL ya han alertado sobre el riesgo que enfrentan los habitantes del Bajo Lempa.
Los ingenieros alegaron en su defensa que de no haber abierto las compuertas, los daños habrían sido peores.
Se pidió la reacción de CEL, pero Ramón Moreno, de comunicaciones, nunca respondió a la petición.