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Coheteros, con poca mecha

Ciudad Delgado. Las nuevas normativas de seguridad preocupan a los fabricadores de cohetes. Ley les exige pago de matrícula y ubicación fuera de las ciudades


El Diario de Hoy

metro@elsalvador.com

Mayor control. Las coheterías, ubicadas en zonas habitacionales, tendrían que trasladarse a lugares apartados de la ciudad. Foto: EDH/Jorge Reyes

Este no es un año para lanzar cohetes. Ni tan siquiera para los comerciantes de productos pirotécnicos, quienes desde enero se deben someter a las nuevas regulaciones para trabajar en sus negocios.

La notificación les cayó como “baldazo de agua fría”. Entre las nuevas exigencias de la normativa están abandonar las zonas residenciales y buscar terrenos amplios fuera de la ciudad.
Los propietarios de talleres de productos pirotécnicos estarían de acuerdo en salir de las zonas habitacionales, pero necesitan el apoyo de las instituciones del gobierno.

Con el documento en sus manos, doña Sonia Elena Palacios, propietaria de la cohetería Centauro, ve incierto el futuro de su pequeño taller que lleva 15 años de funcionar en Ciudad Delgado. En este municipio hay unos 160 negocios similares.

“La comisión sólo hará cumplir la ley. La ayuda tendría que ser de otras instituciones”, afirmó Palacios acerca de las nuevas disposiciones basadas en la reforma a la “Ley de Control y Regulación de Armas, Explosivos y Artículos Similares”, aprobada la Asamblea Legislativa en octubre pasado.

Para los comerciantes, el reglamento tiene muchos vacíos y no se adapta a la realidad del país.
Los rigurosos requisitos incluyen la matrícula de comercio con personería jurídica, que cuesta 300 dólares, además de los estudios de impacto ambiental.

Una comisión

Las modificaciones propiciaron la creación de la Comisión Técnica, integrada por los ministerios de la Defensa, el Consejo Superior de la Salud, Medio Ambiente, Cuerpo de Bomberos y División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC).

En efecto, el mayor José Ricardo Meda, director general del Cuerpo de Bomberos, afirmó que el manejo de la pólvora y artefactos explosivo está bajo el control de esta Comisión Técnica.
Las instituciones están encargadas de evaluar y dictaminar las nuevas solicitudes para la fabricación de los pirotécnicos.

En la actualidad trabajan en nuevas normativas, las cuales deberán tener únicamente el visto bueno del Presidente de la República, Francisco Flores.
Antes estaban bajo el régimen de los bomberos y algunas disposiciones del Código de Salud, pero, según Meda, “era necesario hacer cambios”.
Estos incluyen el control en la importación de materia prima, comercialización dentro del país y verificación de productos prohibidos.

Una de sus primeras tareas fue la realización de inspecciones en lugares de venta y fabricación. Los resultados indicaron que funcionan sin permisos ni condiciones de seguridad.
“Son pocos los que funcionan legalmente. Es necesario que pidan los permisos y se reubiquen a lugares más seguros o, de lo contrario, tenemos que cerrarlos”, añadió.

Experto. Julio Coreas, lleva 34 años fabricando cohetes. Foto: EDH/Jorge Reyes

No hay cifras actualizadas

- El Cuerpo de Bomberos y la División de Armas y Explosivos (DAE) realiza inspecciones periódicas en los lugares de venta y fabricación de pólvora.
- Antes de las visitas a los centros había unas 305 coheterías en todo el país.
- Los resultados indican que todas las coheterías funcionan sin los permisos adecuados.
- Por este trabajo, muchos propietarios optaron por cerrar sus negocios; otros trabajan en la clandestinidad y algunos están con el trámite de sus permisos.
- De ahí que no haya cifras exactas.

Aprendió a fabricar cohetes, pero nunca asistió a una escuela

Julio Antonio Corea, un hombre delgado de tez morena, recuerda que tenía ocho años cuando comenzó a fabricar cohetes. A la semana ganaba 16 colones.
Desde entonces su vida ha transcurrido entre la pólvora. Nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, aunque aprendió a leer, no así a escribir.
Hoy, a sus 42 años, es empleado de la cohetería El Centauro, una de las 160 que se encuentran en Ciudad Delgado.

El semblante de don Julio cambia cuando recuerda que su estabilidad laboral pende de un hilo, después de las nuevas regulaciones.
“El gobierno está exigiendo una serie de requisitos, pero los dueños no pueden cumplirlas porque la mayoría trabaja con dinero prestado”, asegura mientras acomoda en una mesa varios rollos de morteros.

Las autoridades tienen razón cuando aseguran que las coheterías atentan contra las personas, pero insiste en que hay que buscar mecanismos para mantener las fuentes de empleo para miles de familias pobres.
A mi edad y sin poder escribir, ¿cómo puedo encontrar otro trabajo? Aquí todos somos analfabetos.

 

 

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