No existe vigilancia sanitaria

Centro. Código obliga al Ministerio de Salud a realizar el control de las ventas w PNC sólo decomisa la mercadería que no paga impuestos w Realizarán una inspección de oficio.

La venta de productos cosméticos contaminados en el centro de la capital parece no importarle demasiado a las autoridades sanitarias del país. Tampoco a la Policía Nacional Civil (PNC).

El Código de Salud establece que el control de calidad de “todas las especialidades farmacéuticas... y cosméticos importados o fabricados en el país estará a cargo del Ministerio (de Salud)”.

Empero, la oficina de comunicaciones de esa cartera de Estado explicó que la vigilancia de los productos comercializados en el mercado corresponde a la Junta de Vigilancia de la Profesión Química-Farmacéutica (JVPQF) y al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

El secretario adjunto del CSSP, Jorge Ramos, confirmó que hasta la fecha no hay una regulación estricta en cuanto al tema.

Además recalcó que “es al Ministerio al que le compete el control y la vigilancia de los cosméticos”.

En estos momentos, la apuesta que hace el CSSP es a los acuerdos que puedan alcanzarse con la Unión Aduanera de los países del Istmo.
Ramos indicó que el problema principal que enfrentan es el de los productos falsificados y provenientes del contrabando.

Mercadería

Al respecto, el accionar de la PNC se limita a decomisar los productos que los comerciantes no pueden presentar comprobantes de cancelación de impuestos.

La División de Finanzas de la corporación decomisó, hasta junio de este año, un total de 6,576 unidades de procedencia dudosa, valorados en más de 57,000 dólares.
Esos decomisos se han realizado en el “mercado negro”, en el Centro Histórico de la capital, la Calle Delgado y la Quinta Avenida Norte.

Por su parte, la presidenta de la JVPQF, Concepción de Chávez, aseguró que ese ente se encarga de “registrar cualquier producto destinado para el cuidado humano, ya sea elaborado en el país o importado del extranjero”.

Ese registro se obtiene, según la funcionaria, después de un exhaustivo proceso de inspección.
Los fabricantes locales, que suman más de 30 laboratorios, tienen que cumplir con los requisitos contemplados en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura y los importadores, registrarse ante el Ministerio de Hacienda y obtener un poder legal del fabricante del producto para poder distribuirlo.

Ante los resultados obtenidos en el estudio de la UES, la presidenta de la Junta aseguró que realizarían una inspección de oficio para verificar la calidad de los productos.
El secretario del CSSP, Daniel Quinteros, abogó porque sea un solo ente el que se encargue de registrar los productos y luego vigilarlos en el mercado.

“¿Qué pasaría a la hora de iniciar una investigación por anormalidades? ¿Quién va a iniciar el proceso para imponer sanciones?”, interrogó.
“Esa dualidad genera complicaciones a la hora de aplicar la ley. Los cosméticos generan conflictos a la hora de las competencias y la afectada es la población”, apostilló Quinteros.