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Factores de gobernabilidad
Realidad nacional y Estado de Derecho en el país

Marcial Vela Ramos*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

Quienes hayan sido elegidos por el pueblo para dirigir su destino deben cumplir con el compromiso adquirido de aplicar estrictamente las reglas de conducta que el pueblo salvadoreño haya adoptado.

Sobre el Estado de Derecho en su definición existen profundas divergencias. Para algunos autores todo Estado lo es de Derecho, pues lo que se rige por normas jurídicas, cualquiera sea su procedencia o la autoridad de que dimanen: con tal de que tenga la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno.

En consecuencia, el concepto sería aplicable a un gobierno democrático y constitucional, como a uno autocrático y tiránico. Sin embargo, la mejor doctrina es contraria a esa tesis, por entender que el Derecho no puede estar representado por la voluntad de una persona o una minoría que se impone a una mayoría, y, en ese sentido, sólo es Derecho la norma emanada de la soberanía popular en uso de su poder constituyente. De ahí que Estado de Derecho equivalga a Estado Constitucional con el contenido dado a esa idea.

En El Salvador, a través de su historia, se ha cometido un sinnúmero de violaciones a nuestra Constitución y leyes de la República, sin que hasta ahora nadie sea responsable de tantas injusticias cometidas en nombre de la democracia. Todos hablamos y defendemos nuestro sistema, pero nadie hace arreglos para que la persecución real del delito y el imperio de la ley prevalezcan sobre lo caótico y desorden estructural, sin la claridad y transparencia de la verdadera justicia.

Recordemos: Casos Fomiexport, Insepro-Finsepro, FIS, Credisa, asesinato Katya Miranda, hurto abono japonés, BFA, Fedefut, títulos falsos, multas a buseros, buses chatarra, corrupción y huelga en el ISSS, sistema judicial, ANDA, corrupción de menores, MIDES, Alcaldía de San Salvador, entre otros. En nuestro país, el Estado de Derecho está regido por un orden jurídico que establece el marco en el cual se ejerce la conducta de los individuos, los grupos y el gobierno que regula las relaciones entre los mismos y que define sus deberes y derechos respectivos. Este orden jurídico, basado en los principios fundamentales de Derecho, se expresa en la Constitución de la República de El Salvador.

La historia y la voluntad común de los salvadoreños han permitido el mantenimiento de una sociedad en donde el poder se ejerce de manera democrática y donde el derecho tiene primacía sobre la fuerza. El gobierno y las autoridades locales adoptan con libertad opciones políticas a las cuales los ciudadanos pueden o no dar asentimiento en el marco de consultas, comicios o por cualquier otro medio legítimo.

Pero cualesquiera que sean esas opciones, aquellos están sujetos a la legalidad, lo que significa que la adopción de leyes, la promulgación de reglamentos y la toma de decisiones administrativas deben hacerse de conformidad con un marco legal, y que los tribunales tienen el poder de asegurarse que así se haga. Iustitia élevat gentes (la justicia engrandece a los pueblos).

Así mismo, las relaciones entre el Estado y los administrados y el ejercicio de los derechos que ambos ejercen en reciprocidad obedecen a reglas y siguen procedimientos que tienden a asegurarles la equidad, la transparencia y “el tratamiento imparcial” aplicado por un sistema judicial y administrativo adecuados. Sin embargo, pareciera ser que toda violación e incumplimiento de ley está aparejado y hermanado con el compadrazgo, tráfico de influencias y corrupción del sistema político y judicial.

La apertura que desde 1992 experimenta el régimen político salvadoreño ha sido consecuencia de una lucha de varios años, mantenida por agentes de cambio, dentro y fuera de partidos, y un desgaste, en consecuencia, del ordenamiento político. Sin embargo ¿cuál es el verdadero valor de la ley en una sociedad como la nuestra cuando vemos a ciudadanos salir impunes de los delitos cometidos? Los salvadoreños debemos capitalizar lo que ocurre en Nicaragua.

En nuestro país, el gobierno ajusta su conducta a leyes preestablecidas que regulan y controlan el ejercicio del poder, pero el problema no termina ahí, pues pueden haber hermosas leyes, pero que no se aplican, porque “falta voluntad política para aplicarlas” o porque hay grupos sociales, del tipo que sean, que pretenden negociar la aplicación de la ley. Iuris ignorantia nocet (La ignorancia del derecho perjudica).

Los diputados deben entender que han sido elegidos para ejercer el poder y no para negociarlo. No hay que olvidar que la negociación para la adopción de las leyes es posible y conveniente, pero si se negociara su aplicación se estaría burlando la voluntad popular y, a fin de cuentas, traicionando al pueblo que adoptó las leyes a través de sus representantes. En nuestro país, el Estado de Derecho se ha ido desgastando. Es tiempo de que se haga una seria y severa reforma constitucional al proceso de elección de los funcionarios, la cual que se negocia en la Asamblea Legislativa, entre otras.

Quienes hayan sido elegidos por el pueblo para dirigir su destino deben cumplir con el compromiso adquirido de aplicar estrictamente las reglas de conducta que el pueblo salvadoreño haya adoptado, siguiendo los procedimientos normales en la democracia. “Un político piensa en las próximas elecciones; un estadista, en la próxima generación”: James Freeman Clark.

*Cnel. ® y licenciado en Ciencias Políticas.

 

 

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