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Se
entregan más represores argentinos
Los
argentinos general Jorge Olivera Rovere y el coronel Antonio Arrechea
Andrade, ambos retirados, se entregaron ayer a la justicia, con
lo que ya suman 44 los ex militares o militares retirados a disposición
de los tribunales, del total de 46 cuya detención preventiva
pidió el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional
de Madrid.
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Siguen sin ser habidos el
ex capitán de fragata Jorge Vildoza y el coronel retirado
Arturo González Naya, cuyas capturas pidió el
juez federal Rodolfo Canicoba Corral a la policía federal
. Foto EDH / AP
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Siguen sin ser habidos el ex capitán de fragata Jorge Vildoza
y el coronel retirado Arturo González Naya, cuyas capturas
pidió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a la policía
federal.
Dos de los reclamados por Garzón están internados
en muy grave estado en el Hospital Naval: el ex almirante Emilio
Massera, quien entró en coma tras un derrame cerebral hace
varios meses, y el ex suboficial de la Prefectura Naval Juan Antonio
Azic, que intentó suicidarse disparándose un balazo
en la garganta el pasado viernes.
Massera y el ex presidente Jorge Videla se encontraban bajo arresto
domiciliario, en procesos por el apoderamiento de bebés nacidos
durante el cautiverio de sus madres, asesinadas después de
dar a luz.
La extradición
Mientras tanto, algunos organismos defensores de derechos humanos
se presentaron ayer ante el juez Canicoba Corral, pidiendo ser tenidos
por parte en el juicio de extradición de los ex represores
reclamados por un magistrado español.
El magistrado argentino deberá resolver si hace lugar o no
a la extradición, en fallos que con toda seguridad serán
apelados. Finalmente el presidente Néstor Kirchner tendrá
la última palabra, acerca de conceder o denegar la extradición.
“Preferiría que los militares fueran juzgados en la
Argentina”, afirmó en la víspera Canicoba Corral,
en declaraciones a un diario español. Sin embargo, para que
ello ocurra, el Congreso debería derogar dos leyes exculpatorias,
de obediencia debida y punto final, que en 1986 y 1987 “desprocesaron”
a centenares de militares acusados de violar derechos humanos durante
la dictadura instaurada en 1976.
La Corte Suprema, por otra parte, debe pronunciarse sobre la constitucionalidad
de ambas leyes, ya cuestionada por tribunales inferiores.
Aprueban procesos
Dos encuestas publicadas el domingo por el diario La Nación
indicaron que más del 60 por ciento de la población
aprueba que se reabran los procesos contra militares culpables de
crímenes de les humanidad.
La dictadura hizo “desaparecer” a unos 30,000 detenidos
políticos, según organismos defensores de los derechos
humanos.
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