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El
Salvador hace el menor esfuerzo fiscal
Centroamérica invierte poco en el área social
La
ONU señala la necesidad de que los países aumenten
su inversión social, como vía para acelerar el desarrollo
humano.
Los países centroamericanos invierten en el área
social menos que el promedio latinoamericano, de acuerdo con un
reciente informe de Naciones Unidas.
Para el año 1998-1999, el gasto social per cápita
en la región fue de $187, “un nivel que sigue siendo
muy bajo dentro del contexto latinoamericano y que representa apenas
un 10.7% del PIB regional total, cifra igualmente baja”, consigna
el informe.
La situación es preocupante, pese a que en la década
de los 90 todos los países de la región aumentaron
su gasto social, con excepción de Honduras.
El análisis es parte del Segundo Informe sobre Desarrollo
Humano en Centroamérica y Panamá, preparado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El caso salvadoreño
El informe indica que “El Salvador es el país centroamericano
con un menor esfuerzo fiscal en gasto social”.
Como puede apreciarse en la tabla que acompaña a este artículo,
El Salvador es el que menos gasto público destina al área
social como porcentaje del PIB. La relación también
es la más baja con respecto al gasto total del aparato público.
En términos absolutos, el gasto público social per
cápita en El Salvador es el cuarto en la región ($82
en 1998-1999).
Muy por encima se sitúan Panamá y Costa Rica, con
$642 y $622, respectivamente.
En el piso se ubican Nicaragua y Honduras, cada uno con $57 per
cápita.
Panamá y Costa Rica aparecen entre los países con
gasto social alto o medio alto, por superar los $600 por habitante,
mientras que el resto de países del istmo no alcanza los
$100 de 1997.
El documento señala que no hay datos sobre la composición
sectorial de la inversión pública en El Salvador.
Sin embargo, indica que en los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua,
ésta se concentra principalmente en educación.
Costa Rica, en cambio, destina la mayor cantidad de recursos a la
seguridad social, la salud y la nutrición; mientras que Panamá
pone el énfasis en estos dos últimos objetivos.
El PNUD destaca que el gasto social “refleja en buena medida
el esfuerzo que hacen la sociedades para mejorar el nivel de vida
de las y los ciudadanos. Esta variable es fundamental para explicar
los niveles de desarrollo humano alcanzados por los países
centroamericanos en el largo plazo, pues existe una correlación
directa entre la magnitud de ese gasto en un determinado período
y la mejoría, en el mediano y largo plazos, en la situación
de los individuos y sus familias”.
El estudio concluye que es imperioso aumentar el gasto o inversión
social en Centroamérica hasta alcanzar un nivel adecuado,
como vía para acelerar el desarrollo humano.
Bajo gasto en salud
El financiamiento del gasto en salud en Centroamérica está
concentrado en el sector privado, con cerca del 50% (gasto de bolsillo),
seguido por los sistemas públicos de seguros de salud, con
poco más del 30% y, en una proporción muy inferior,
por el gasto del gobierno (alrededor del 20%).
El Salvador, Guatemala y Honduras tienen un sistema mixto con predominio
privado, en el cual el acceso a la salud es financiado mayoritariamente
por el gasto de bolsillo.
Al considerar la región en su conjunto, el gasto en salud
representa un 7.5% del PIB regional: un 4% corresponde al gasto
público y un 3.5% al gasto privado.
Esta primacía de la inversión estatal no se produce
en todos los casos. En El Salvador, Guatemala y Honduras, el gasto
privado es el más importante.
El seguro público
Menos de una cuarta parte de la población centroamericana
(cerca de 8.2 millones de personas) está cubierta por un
seguro público de salud, y la mitad de esos beneficiarios
se concentra en dos países (Costa Rica y Panamá).
Los porcentajes de cobertura varían considerablemente entre
países. En El Salvador, Honduras y Guatemala, menos del 15%
de la población está cubierta. En Nicaragua, menos
del 10%.
Los ciudadanos más favorecidos son los costarricenses y los
panameños, donde más del 60% de la población
está cubierta.
“La inequidad en la distribución del ingreso es perjudicial
para la salud de toda la población y no sólo para
los grupos de menores ingresos”, asegura el informe del PNUD.
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