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Detienen
a mayoría de represores argentinos
Varios
de los militares requeridos se beneficiaron con dos leyes exculpatorias
y con el indulto del presidente Menem en 1990.
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral informó
ayer que ya se encuentran detenidos al menos 40 de los 46 militares
retirados requeridos por el juez español Baltasar Garzón
para ser juzgados en su país europeo por genocidio, tortura
y terrorismo durante la dictadura de 1976 a 1983.
Me faltan localizar no más de cuatro personas del total.
Estamos en alrededor de las 40 personas entre detenidos por esta
causa y algunos que se encontraban ya detenidos por otras causas,
explicó Canicoba a una radioemisora.
Entre los detenidos se encuentran el ex capitán de navío
Alfredo Astiz, juzgado en ausencia en Francia por la muerte de dos
monjas de ese país que ayudaban a familiares de desaparecidos,
y el General de División retirado Antonio Bussi, recientemente
electo alcalde de la capital de la provincia norteña de Tucumán.
Arresto domiciliario
En tanto, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo
Massera se encuentran cumpliendo arresto domiciliario por su participación
en el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención
durante la dictadura y continuarán bajo ese régimen
de detención.
Canicoba deberá resolver si a algunos de los detenidos les
cabe el arresto domiciliario, un beneficio que la legislación
argentina otorga a los imputados mayores de 70 años -la mayoría
de los integrantes de la lista de Garzón superan esa edad-
o padecen enfermedades graves.
El magistrado, que el jueves ordenó la detención de
45 ex militares y un civil, rechazó todos los pedidos de
exoneración de prisión y volvió a resaltar
la decisión del presidente Néstor Kirchner de derogar
un decreto que impedía la extradición de ex militares
requeridos por terceros países para su enjuiciamiento.
Extradición de Astiz
- El ministro de Justicia de Francia, Dominique Perben, solicitará
la extradición del ex capitán de fragata argentino
Alfredo Astiz, condenado en 1990 en ausencia en París a cadena
perpetua por el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y
Léonie Duquet durante la dictadura militar argentina.
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