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Periodistas
denuncian a Portillo
Periodistas
guatemaltecos acudieron a la fiscalía donde presentaron una
denuncia contra el mandatario por la inactividad de la fuerza pública.
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| Una turba seguidora de Rios
Montt persigue a un periodista guatemalteco. Foto:
AP |
Medios de información guatemaltecos denunciaron ayer al
presidente Alfonso Portillo en la Fiscalía y demandaron la
visita de un relator de la CIDH por los ataques que sufrieron periodistas
por parte de simpatizantes del general golpista José Efraín
Ríos Montt durante las protestas callejeras de esta semana.
Un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación
presentó la denuncia contra el jefe de Estado en la Fiscalía
ante la inactividad de las fuerzas de seguridad para controlar a
las enardecidas turbas que provocaron la muerte, el pasado jueves,
del reportero Héctor Ramírez.
En la demanda también exigen una persecución penal
contra los funcionarios públicos que participaron en las
protestas, sobre todo dirigentes del partido oficial Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), explicó a ACAN-EFE Marvin del Cid, del
diario Prensa Libre.
Los periodistas guatemaltecos también se reunieron con el
Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, a quien le pidieron
interceder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para que verifique su situación en el país.
Específicamente, demandaron la visita del relator especial
para la libertad de expresión de ese organismo, el argentino
Eduardo Bertoni.
Las agresiones
El periodista Héctor Ramírez murió el pasado
jueves, víctima de un infarto, cuando buscaba refugio en
una vivienda privada de la capital al ser perseguido por una enardecida
turba de seguidores de Ríos Montt, máximo líder
del FRG, en el poder y actual presidente del Congreso.
Varios reporteros también fueron agredidos y amenazados de
muerte por las turbas que reclamaban la inscripción del anciano
militar retirado como candidato presidencial a las elecciones generales
del 9 de noviembre próximo pese a las prohibiciones constitucionales
por su pasado golpista.
Los periodistas y empresarios fueron los principales blancos de
los ataques de los simpatizantes de Ríos Montt, que ha negado
la organización del movimiento pese a pruebas contundentes
reflejadas en los medios de comunicación de la participación
de dirigentes de su partido en las violentas protestas.
Pedimos una investigación para que se deduzcan responsabilidades
penales al FRG porque hay evidencias de su participación
en el movimiento, sostuvo un periodista.
Por su parte, el Defensor del Pueblo explicó que ya ha abierto
una investigación sobre el acoso a los medios informativos
y aseguró que vamos a realizar todo lo que esté
a nuestro alcance para que se haga justicia.
Morales comentó que desde el pasado jueves ha tenido una
comunicación constante con los integrantes de la CIDH de
la Organización de Estados Americanos y dijo que ya solicitó
la presencia de un relator en Guatemala.
Vamos a reiterar la solicitud el próximo lunes,
anunció el Procurador a los periodistas, que vestían
de negro en señal de luto por la muerte de Ramírez.
La agresividad de los manifestantes se concretó contra los
periodistas por considerar que la prensa está vendida
a intereses empresariales y políticos de oposición.
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Plazo hasta el martes
Las manifestaciones fueron organizadas como una medida de
presión para que se acepte la candidatura presidencial
de Ríos Montt, pese a las prohibiciones constitucionales
que pesan en su contra por su pasado golpista.
El general retirado gobernó de facto entre 1982 y 1983
tras el golpe militar que derrocó al presidente Romeo
Lucas.
La decisión si Ríos Montt puede participar en
las elecciones generales del próximo 9 de noviembre
está en manos de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), que analizan un amparo promovido por la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), que tiene suspendida la posible
inscripción del militar.
Los magistrados tienen un plazo de 72 horas, que terminan
el próximo martes, para resolver en definitiva el amparo
y cualquiera que sea el resultado tanto Ríos Montt
como la UNE pueden apelar el fallo ante la Corte de Constitucionalidad
(CC).
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