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Temen
liberar mareros
El
plan mano dura había dejado, hasta ayer, la captura de 247
pandilleros en tres departamentos del país. El operativo
se extendió hasta usulután.
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Los grupos de soldados
y policías asignados a arrestar a los pandilleros han
abarcado municipios de Usulután. Las autoridades tienen
planificado cercar las comunidades de todos los departamentos
para detener a las maras.
Foto EDH
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Las dificultades para probar delitos tales como las asociaciones
ilícitas y la falta de testigos hacen temer a jueces capitalinos
la liberación de los capturados en el plan Mano Dura.
Hasta ayer, el operativo, ejecutado por soldados y policías,
había llevado al arresto de 247 miembros de maras en los
municipios del Gran San Salvador y La Libertad.
El procedimiento abarcó el departamento de Usulután,
donde se detuvo a 22 sospechosos.
En Ciudad Delgado fueron apresados 26 pandilleros; en la Zona Metropolitana
de San Salvador, 24; en Soyapango, 36; en Apopa, 39; en San Marcos,
44; en Lourdes, 44, y otros 12 en diversos lugares.
Jueces capitalinos manifestaron su temor de que tengan que dejar
en libertad a los detenidos y luego se les acuse de fomentar la
impunidad y frustrar el plan.
Los funcionarios, por ejemplo, topan con la dificultad de comprobar
el cargo de asociaciones ilícitas.
¿Por qué?
El magistrado de la Corte Suprema Marcel Orestes Posada dijo que
ese delito es difícil de probar, debido a que se necesitan
confesiones de testigos o sujetos pertenecientes a grupos.
Pero, por lo general, no hay quien quiera declarar contra los pandilleros
por temor o por sus propios códigos de silencio.
Por su apariencia, por pedir dinero o por tener tatuajes, no se
les puede encausar.
“Ahí va a haber un problema, porque los jueces no pueden
retener a alguien sin pruebas. Si lo hacen, cometen delito los jueces”,
enfatizó el magistrado.
“Nuestras resoluciones tenemos que basarlas en pruebas concretas
y no en presunciones”, sentenció la jueza Gloria de
la Paz Lizama.
Sólo se les procesará y encarcelará si los
imputados tienen pruebas en su contra o si son reclamados por tribunales.
El juez de Sentencia Carlos Sánchez explicó que con
las redadas se corre el riesgo de detener a sospechosos y a inocentes.
Tratados
El plan Mano Dura fue iniciado por el Presidente Francisco Flores,
que al mismo tiempo envió a la Asamblea Legislativa una ley
antimaras para que sea aprobada.
Entre las disposiciones está considerar como delito la pertenencia
a una mara y el juzgamiento de menores como adultos si el delito
cometido es muy grave.
Los jueces advirtieron que el operativo puede incurrir en ilegalidades
si no cuenta con una ley que lo respalde.
“Actualmente, no contamos con las herramientas para mantener
a esta gente en prisión”, explicó la jueza Nora
Montoya.
Agregaron que algunas reformas planteadas por el Gobierno pueden
contravenir la Constitución y la Convención de Derechos
del Niño, ratificada por El Salvador.
El magistrado de la Corte Ulices del Dios Guzmán consideró
que las reformas propuestas al Código Penal no enfrentan
la causa del fenómeno de las pandillas.
Advirtió que existe el peligro de que la policía se
vuelva autoritaria y represiva.
Redadas
El juez Sánchez expresó el temor de que apliquen “estados
de excepción” o suspensión de garantías
constitucionales en las comunidades para perseguir con más
facilidad a los sospechosos.
“Es riesgoso entrar a un estado de excepción. Se debe
examinar”, señaló el juzgador, quien no aprueba
que el Ejército asuma funciones de seguridad pública.
Los juzgadores coincidieron en que se debe establecer una política
de prevención de estos grupos y orientar mejor a la juventud.
De igual manera, la asociación de docentes Bases Magisteriales
agregó que si bien es necesario encontrar una solución
a este fenómeno, no se puede hacer sólo con medidas
represivas.
Mario López, representante de la organización, destacó
que la iniciativa gubernamental no ataca las causas de las pandillas,
como pueden ser la desintegración familiar, el desempleo
y la exclusión educativa, entre otros.
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