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Promueven ley retroactiva para legalizar títulos falsos
El pecenista Elizardo González pretenden que el pleno apruebe
el decreto el jueves.
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| El pecenista Elizardo González (centro)
pretende convertirse en el “paladín” de las
causas justas. Foto Álvaro López |
Primero defendió al gremio de los buseros, impulsando la
aprobación de decretos que los excluye de las reglas que
impuso el Ejecutivo para la explotación del servicio de transporte
público. Hoy, pretende reinvindicar a otro sector: el de
los abogados.
Es así que el pecenista y empresario de autobuses, Elizardo
González Lovo, prometió que para el jueves la Asamblea
Legislativa emitirá un decreto que legalice la situación
de miles de abogados y una treintena de jueces cuestionados por
la forma en que obtuvieron sus títulos universitario.
Para cumplir con su palabra -empeñada ante representantes
de ese sector- promueve una ley que ha tipificado de orden público,
es decir, con carácter retroactivo.
Ésto, a pesar de que el Artículo 21 de la Constitución
establece que sólo la Corte Suprema de Justicia puede determinar
cuándo una normativa debe regular hechos que ocurrieron en
el pasdo.
Nuevas reglas
González Lovo, sin embargo, parece estar más empecinado
en quedar como “un paladín de la justicia” que
cumplir con las mínimas disposiciones constitucionales.
El Artículo 3 del decreto establece que apartir de la vigencia
de éste, todos los actos administrativos hechos por las universidades
sobre la concesión de equivalencias y procesos de graduación,
quedan válidos.
Así, la Asamblea estaría abogando por un grupo de
abogados que son investigados por la Fiscalía General de
la República, luego que el fiscal especial, Roberto Vidales,
detectara, el año pasado, irregularidades en la obtención
de ciertos títulos, como fue la validación de materias
que nunca cursaron.
El Art. 4 del proyecto, además, legaliza de todos los títulos
y certificados emitidos a favor de los universitarios. La aprobación
de esta disposición se convertiría en un “golpe
bajo” contra el proceso judicial que se lleva.
Vidales detectó que muchos de los abogados incurrieron en
la comisión de delitos para obtener su título, al
falsearlos o alterar las firmas y en algunos casos, hasta haber
pagado por éstos.
“El Ministerio de Educación, a solicitud de persona
interesada, deberá proceder a registrar certificaciones de
notas, créditos y títulos académicos otorgados
por instituciones de educación superior que en su momento
estuvieron debidamente acreditadas”, apunta el último
inciso del artículo en mención.
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