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Tema del momento
Inmunidad para EE.UU.
La administración Bush ha insistido para que varios países
firmen el convenio que concede inmunidad a sus ciudadanos ante la
Corte Penal Internacional. El tema merece ser analizado con visión
de largo plazo y en términos de país. El Salvador decidió
firmar el pacto con EE.UU., lo cual por ahora nos asegura una posición
de aliado incondicional.
Varios países debaten en torno al tema de la Corte Penal
Internacional, pero de todos ellos posiblemente Colombia representa
la mayor importancia estratégica para EE.UU.
El gobierno colombiano acaba de rechazar la aprobación de
un acuerdo bilateral donde se estipula la protección a ciudadanos
estadounidenses ante una posible extradición. El precio que
tendrá que pagar Colombia por no ratificar este acuerdo se
traducirá posiblemente —a corto plazo— en cierta
disminución de la ayuda militar proporcionada por EE.UU.
hasta la fecha para combatir a más de 20,000 guerrillas izquierdistas
y paramilitares de ultraderecha.
Asimismo, Colombia corre el riesgo de debilitar su postura en términos
económicos de frente a los demás países del
hemisferio.
Es de esperar, sin embargo, que el paquete de ayuda negociado hace
tres años para luchar contra el narcotráfico no se
vea afectado. En cambio, la ayuda militar prometida para el presente
Ejercicio posiblemente se reduzca.
Desde que asumió el poder el presidente de derecha Alvaro
Uribe, Colombia se situaba como uno de los principales aliados de
los EE.UU. en Latinoamérica, votando incluso a favor de la
guerra en contra de Iraq. Analistas en Washington se han sorprendido
acerca de la negación colombiana.
Colombia ha destinado gran parte de la ayuda económica por
parte de EE.UU. para equipar y capacitar las brigadas armadas que
defienden el gasoducto situado a lo largo del departamento oriental
de Arauca. En base a lo conversado con la administración
estadounidense se perfilaba hasta ahora la posibilidad de ampliar
esta ayuda a partir de octubre próximo.
Durante la administración del presidente Bush, EE.UU. ha
levantado las restricciones que impedían la utilización
de fondos aprobados para programas de lucha antidrogas en el combate
de la contrainsurgencia.
Esto le ha permitido a Colombia enfrentar con mayor fuerza a la
guerrilla y paramilitares, los cuales obtienen fondos a partir del
comercio de la cocaína y de la heroína.
La población reconoce que las fuerzas gubernamentales han
logrado cierto avance estratégico en el campo de batalla,
y el presidente Uribe trata en este momento de conseguir mayor apoyo
político para ampliar su programa de lucha contrainsurgente.
El líder colombiano tendrá que defender ante el Congreso
su apoyo para eximir a los ciudadanos estadounidenses de cualquier
denuncia ante la Corte Penal Internacional, en caso de que realicen
estos actos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Colombia ya había otorgado, en 1962, inmunidad a los estadounidenses
que prestan ayuda humanitaria en Colombia. Para algunos círculos
políticos colombianos, esta medida hubiese sido suficiente
para mantenerse en sintonía con Washington.
La mayoría de los países latinoamericanos aún
no se han adherido al acuerdo, lo cual, no es de descartar, les
podría valer el retiro de la ayuda por parte de EE.UU.
La administración Bush ha insistido para que varios países
firmen el convenio que concede inmunidad a sus ciudadanos ante la
Corte Penal Internacional.
El tema merece ser analizado con visión de largo plazo y
en términos de país. El Salvador decidió firmar
el pacto con EE.UU., lo cual por ahora nos asegura una posición
de aliado incondicional.
Lo esencial es mantener posiciones cohesionadas con la mayoría
de los países latinoamericanos en temas internacionales,
que pueden tener un alcance a largo plazo y sobre todo tener capacidad
de rectificar si fuese necesario.
*Columnista de El Diario
de Hoy.
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