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Exigirán los pagos de ISSS y AFP

Los diputados quieren evitar que los patronos no paguen las cotizaciones de salud y pensión de sus empleados.

Lauri García Dueñas
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com
Las constancias de haber pagado las cotizaciones del ISSS y AFP de los trabajadores será un requisito.
Foto EDH

La Asamblea Legislativa aprobó ayer un dictamen que reforma el artículo 44, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, conocida como Ley de Licitaciones.

Así, de ahora en adelante, cuando las empresas participen en una licitación, tendrán que presentar la solvencias de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por lo menos, a los treinta días anteriores al que se presente la oferta.

El dictamen fue aprobado ayer con 76 votos.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, solicitó al pleno que se revisara el término de los 30 días, porque podría traer consecuencias legales y operativas.

Parker dijo que “a veces los médicos se la quieren llevar de abogados”, respondiendo a la intervención de Norman Quijano, de ARENA, quien explicó que la propuesta del pedecista era innecesaria.

Ante las palabras de Parker, el jefe de la bancada legislativa arenera, Rolando Alvarenga, salió en defensa de Quijano y pidió respeto, ya que “se está queriendo cambiar la imagen de la Asamblea Legislativa”.

Los argumentos

Del dictamen en cuestión, el efemelenista Calixto Mejía explicó que se está queriendo evitar que los empresarios “roben a los trabajadores” ya que, según él, los patronos evaden alrededor de 370 millones de colones al año.

Arnoldo Bernal, también del FMLN, comentó que ya existe una ley que obligaba a los que competían en una licitación pública a presentar los comprobantes si ganaban.

“Pero la novedad es que ahora tienen que hacerlo antes”, argumentó.

Alvarenga comentó que le parece bien la reforma porque busca garantías y seguridad para los trabajadores.
“Lo que falta es ver si funciona en la práctica y no se convierte en un trámite burocrático solamente”, agregó.
Jorge Villacorta, del CDU, también alabó la medida y efusivamente expresó que “el Estado no puede estar contratando a un ladrón”.

El diputado del CDU también arremetió contra Parker por solicitar reconsiderar la necesidad de omitir el detalle de los 30 días, a pesar de que el tema ya había sido votado y aprobado por la mayoría de diputados.
“Muchas veces pasamos haciendo polémica y discutiendo, pero hablar de este tema es absurdo porque ya fue votado”, sostuvo Villacorta.

Luego le pidió amablemente al presidente en funciones, Manuel Melgar, del FMLN, que “por orden” (para evitar divagaciones) no se discutiera esa reconsideración. Y así fue.

 

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