Piden anular el fallo Las Colinas

La Corte aún estudia dos amparos más por el derrumbe al sur de Santa Tecla. Dos más ya fueron contestados.

Decenas de familias han regresado a la zona, pese a los riesgos tras los sismos de 2001. Foto EDH

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema tendrá ahora que dirimir una petición para revocar uno de los fallos que ha emitido: el del deslave en Las Colinas.

Los damnificados por el desastre, ocurrido en el sur de Santa Tecla por el terremoto de enero de 2001, alegaron que el máximo tribunal no tomó en cuenta la prueba de los afectados, sino sólo la aportada por el Estado.

Además, denunciaron que la evidencia de los demandantes se descartó sin argumento.

Unas 500 personas murieron y decenas de casas fueron sepultadas por el alud de tierra y lodo.

Lizette Campos, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), aseguró que la Sala emitió “un fallo parcial” y no consideró la prueba aportada por los afectados.

El pasado 26 de junio, la Sala de lo Constitucional desestimó una segunda petición de amparo de los damnificados, que denunciaban violaciones a los derechos de seguridad jurídica y la propiedad.

En lo que se refiere al derecho a la vida, la Sala rechazó considerarlo ya que para los magistrados sólo el ciudadano que ostenta el derecho, en este caso las víctimas fatales, pueden reclamarlo.

Por esta negativa, FESPAD denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para la abogada, la Sala sólo se remitió a tomar en cuenta, hasta para el fallo, los informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), los cuales decían que los mapas presentados no reflejaban que la zona exacta del derrumbe fuera de riesgo.
Los afectados querían aportar sus propios expertos, pero estos cobraban hasta 10 mil dólares, por lo que el MOP corrió con el pago de los mismos.

Los descontentos presentaron un escrito en el que se oponían al informe de los peritos por “extralimitarse”, pero la Corte lo habría ignorado. Las pruebas de los demandantes consisten en reportes de riesgos que aportaron Geólogos del Mundo y mapas estatales que destinaban la zona únicamente para bodegas antes de ser urbanizada en 1980.