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Comentario
Se reforma el “Consenso de Washington”
 A
pesar de la demonización del conjunto de principios económicos
básicos del “Consenso de Washington”, hoy no hay
gobierno latinoamericano que pueda gobernar sin aplicarlos .
A pesar de la demonización del conjunto de principios económicos
básicos del “Consenso de Washington”, hoy no hay
gobierno latinoamericano que pueda gobernar sin aplicarlos La desilusión
con la democracia y con su corolario natural la economía
de libre mercado se extiende por América Latina.
Eso dicen las encuestas, y ese mismo parece ser el mensaje del electorado
que en Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, México, desprecia
a los reformadores identificados con el llamado “Consenso de
Washington” y elige a quienes se autodefinen como nacionalistas
de izquierda.
En el fondo, la insatisfacción de los latinoamericanos podría
deberse a una definición utópica de la democracia,
en la que se combina un sistema de prosperidad económica
tipo americano con la conciencia social europea, que protege a los
pobres y se preocupa por disminuir la brecha de la desigualdad.
Más allá de la posible percepción utópica
de la democracia, sin embargo, están los hechos. En los últimos
diez años, el crecimiento económico en la región
ha sido anémico, mientras que el deterioro del orden social
parece no tener límite. En México, Guatemala, El Salvador,
Venezuela, Colombia, Brasil o Argentina, las autoridades han evidenciado
su incapacidad para combatir a las organizaciones criminales que
roban, secuestran y asesinan con impunidad. La corrupción
es generalizada y creciente tanto en el sector público como
en el privado. Los esfuerzos por reducir la desigualdad han fracasado
en todos los países del continente, y en la lucha contra
la pobreza, todos los países, salvo uno, Chile, han naufragado.
Después de acabar con los dictadores, las juntas militares
y la mayoría de los regímenes de partido único
a finales de la década de los 70, los latinoamericanos lograron
construir sistemas democráticos en casi todo el continente.
En los ochenta, la llamada “década perdida” quebrantó
la fe en la democracia recién recuperada. En los noventa,
un grupo heterogéneo de economistas, académicos, funcionarios
de organizaciones multilaterales de desarrollo económico
y burócratas del gobierno norteamericano avecindados en Washington
D.C. elaboraron una lista de políticas económicas
que, concluyeron, eran necesarias para revivir las aletargadas economías
latinoamericanas.
El nuevo modelo promovía el libre comercio, la disciplina
fiscal, la reforma impositiva, la privatización de empresas
y otras reformas. Chile, México y Argentina tomaron la delantera
en la aplicación de algunas de estas reformas, confiando
en que con ellas resolverían o al menos mitigarían
problemas ancestrales.
Desafortunadamente, ningún país del área logró
crear los consensos políticos internos que le hubieran permitido
hacer todas las reformas necesarias. Y la receta propuesta por el
“Consenso de Washington” no tuvo resultados mágicos.
El problema, dijeron quienes originaron la idea, es que una vez
hechas las reformas de primera generación, hay que reformar
los sistemas judiciales y políticos, el servicio civil, el
sector financiero.
A casi quince años de distancia, la profunda racionalidad
de las reformas propuestas por el “Consenso de Washington”
es innegable aunque su horizonte haya sido y continúe siendo
incompleto. Todavía hoy, después de la extraordinaria
labor de demonización del “neoliberalismo” no hay
un solo gobierno en el hemisferio, con la excepción de la
dictadura castrista en Cuba y el excéntrico desastre económico
de Chávez en Venezuela, que no intente aplicar los principios
básicos dictados por el consenso. Quien lo dude que revise
las acciones de Luiz Inacio Lula da Silva desde que tomó
el poder en Brasil.
Hubo, sin duda, problemas de orden práctico en la propuesta
del consenso, por ejemplo, su incapacidad para prevenir contagios
cuando suceden crisis económicas externas. Las promesas excesivas
tampoco ayudaron a darle credibilidad al proyecto. La miopía
que les llevó a consagrar al mercado como motor único
del desarrollo y les impidió asignar un papel adecuado al
Estado fue otro de los problemas que ahora los promotores del consenso
buscan subsanar con el concepto del “Estado inteligente”.
A estas alturas, sin embargo, es evidente que no hay recetas económicas
rápidas e infalibles. Pero tal y como lo plantea Moisés
Naim, director de la revista Foreign Policy, el reto de los reformadores
es hacer que el compromiso con el modelo económico se dé
desde dentro y no sea impuesto desde fuera. También es imprescindible
que quede claro que el acceso al bienestar no es instantáneo
y que en la mayoría de los países subdesarrollados
el proceso puede tardar años.
*Miembro del consejo editorial de Los Angeles
Times.
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