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Ultimátum para expulsar a sacerdotes salvadoreños
Un grupo de industriales de la madera exigió ayer al Gobierno
expulsar a los sacerdotes católicos salvadoreños José
Andrés Tamayo y Osmín Flores por proteger los bosques
de Honduras.
Los religiosos, por su parte, han denunciado amenazas de muerte de
los empresarios que explotan la madera y las minas en su región.
Los madereros dieron un plazo de cuatro días al Gobierno, que
vence el 7 de julio.
“De lo contrario, nuestras protestas impactarán al país”,
dijo Luis Nájera, vocero de los madereros.
Unos 1,000 dueños de aserraderos y sus empleados protestaron
el jueves en la carretera entre Tegucigalpa y Olancho, provincia al
este de Honduras, donde estacionaron ocho horas sus tractores y camiones
para obstaculizar el tráfico.
Nájera exigió la protección de las autoridades
luego de acusar a los seguidores de Tamayo de quemarle cuatro camiones
y dos tractores, valorados en 300,000 dólares.
“Los simpatizantes de Tamayo usan a los pobres para impedirnos
trabajar... y han amenazado con seguir destruyendo nuestra maquinaria”,
subrayó.
Protesta
Tamayo es el cura párroco de Salamá, ciudad de Olancho,
y desde hace 20 años defiende los extensos bosques de coníferas
de la región destruidos por los madereros y mineros. Flores
es su asistente.
El cura realizó una marcha de una semana en junio de Olancho
a Tegucigalpa, con 3,000 personas, para protestar por la tala de los
bosques de coníferas.
El sacerdote ha denunciado que los industriales de la madera han ofrecido
40,000 dólares a quien lo asesine y de advertirle que debía
abandonar Honduras antes del 30 de mayo.
Su lucha es respaldada por la mayoría de los 70,000 habitantes
de Salamá y sus alrededores, que lo cuidan constantemente junto
a dos policías que le ha asignado el Gobierno.
Olancho, con 24,351 kilómetros cuadrados, es la provincia más
extensa de las 18 que posee Honduras. La extensión territorial
del país es de 112,493 kilómetros cuadrados.
Tamayo, de 47 años, es oriundo de San Pedro, en San Vicente,
El Salvador. Llegó a Honduras en 1983 y de inmediato fue enviado
a Olancho.
40 mil dólares habrían ofrecido los empresarios por
asesinar al sacerdote, tras advertirle que debía abandonar
Honduras antes del 30 de mayo. |
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