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Escuela bajo zozobra por disputa de terreno

Sindicato reclama el pago de alquiler de propiedad donde está el Centro Escolar San Felipe.

Mario Posada
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Miembros de la comunidad educativa de la escuela San Felipe, en San Bartolo, mostraron ayer su preocupación por la incertidumbre que viven debido a los problemas de legalidad del terreno donde está construida la institución.

El pasado 27 de junio, el director de ese centro educativo, Carlos Cruz, recibió una carta girada por el Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), donde se le comunicaba que la escuela estaba asentada en su propiedad.

Según Cruz, la misiva señalaba que por resolución del sindicato y con la intención de construir las oficinas administrativas del ente, a partir de julio, las autoridades de la escuela tendrían que cancelar una cantidad de dinero por el arrendamiento.

“Si queríamos seguir usando el local teníamos que alquilar, porque de lo contrario ellos tenían la intención de vender el terreno a precio de mercado”, añadió Cruz.

El director desconocía por qué, después de 14 años, ahora se les ocurría cobrar un alquiler. La escuela atiende a 1,200 escolares en turnos de mañana, tarde y noche.
Al respecto, el titular de Educación, Rolando Marín, aseguró ayer que ya se formó una comisión jurídica encargada de llevar el caso.

“Hemos sabido que el terreno pertenece a la municipalidad y es parte de la zona verde que deja la empresa constructora cuando realiza una obra de vivienda”, informó el funcionario.

De ser así, añadió que se buscaría que le sea entregada en comodato.
“Si la escuela es del sindicato, tendríamos que llegar a un acuerdo para el uso del terreno. Debemos buscar una solución para no dañar a los estudiantes”, aseveró Marín.

Se trató de hablar con el secretario del SUTC, Fredy Vásquez, pero no fue posible.


No es la única

El Ministerio de Educación reconoce que muchos centros escolares tienen problemas similares

1,200 escuelas
tienen una situación legal incierta, porque la propiedad en la que se asientan no es del Estado.

135 centros
tienen ya resuelta la situación legal de los terrenos donde se ubican. El esfuerzo se ha realizado este año.

 

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