| |
Desde Washington
Se busca legitimar a inmigrantes ilegales en EE.UU.
 Existen
aquellos que aseguran que la legitimación no debiera ser opción
para quienes no han mostrado respeto por las leyes de inmigración.
Bien guardado en el portafolio abultado de Tom Ridge, el secretario
de Gabinete encargado de asegurar que el territorio estadounidense
no sea blanco de futuros ataques terroristas, se encuentra la ambiciosa
aunque tácita meta de legitimar a millones de inmigrantes
ilegales que ya están en este país.
Ni Ridge ni nadie en la Casa Blanca lo dirán en público,
pero la lógica lo deja claro. Después de todo, los
terroristas son personas y es entre personas —particularmente
los ocho o nueve millones que viven acá sin un estatus legal—
que esos terroristas pueden camuflarse con facilidad.
Existen aquellos que aseguran que la legitimación no debiera
ser opción para quienes no han mostrado respeto por las leyes
de inmigración. Deportarlos, a todos y cada uno, o encarcelarlos
y botar la llave. Eso le enviaría al mundo la advertencia
debida.
Política y logísticamente, sin embargo, dichas soluciones
son prácticamente imposibles. Agentes de Inmigración
en la actualidad deportan un promedio de 407 criminales u otros
extranjeros ilegales cada día. A ese ritmo, tomaría
más de 50 años salir de todos los transgresores, la
mayoría de ellos mexicanos. Así que, quiéranlo
o no, de alguna forma millones deberán ser traídos
al redil.
De hecho eso ya pasa fuera del ámbito federal. Funcionarios
consulares mexicanos en este país han estado emitiendo tarjetas
de identificación —conocidas como matrículas
consulares— a miles de mexicanos que viven acá en forma
ilegal. Las tarjetas en efecto documentan a los indocumentados.
No proporcionan un cambio oficial de su situación migratoria,
pero ofrecen un asidero en la sociedad y abren puertas a algunos
pocos servicios tales como cuentas bancarias.
Hoy en día ya 14 estados y más de 900 departamentos
de policía y de alguaciles alrededor del país aceptan
las matrículas como identificación legítima.
A falta de alternativas, estos documentos han sido bien recibidos
como herramientas para saber con más exactitud quiénes
recorren las calles de sus comunidades.
Este proceso local y estatal no ha pasado inadvertido ante el gobierno
federal, el FBI y el propio Ridge. Apenas la semana pasada, el FBI
hizo la advertencia de que las matrículas son vulnerables
al fraude y el abuso por parte de criminales y terroristas. No es
para sorprenderse. Los terroristas del 11 de septiembre demostraron
la vulnerabilidad incluso de los documentos estadounidenses.
Ridge, por su parte, dice que su principal preocupación es
preservar la integridad de la matrícula. En público
ha sido en general solidario con la idea de regular la situación
de inmigrantes ilegales y esta semana le contó a un grupo
de reporteros hispanos que como miembro del Congreso votó
en 1986 a favor de la amnistía.
Así que la pregunta ahora es quién a nivel federal
va a darle forma a ese proceso ya en marcha y qué forma tomará
a la larga. Washington podría deportar y arrestar a más
inmigrantes, pero eso perjudicaría a la seguridad nacional
al provocar que millones de ilegales se oculten más en la
sombra donde, los pocos entre ellos que tienen malas intenciones,
resulten más difíciles de encontrar.
O bien Washington podría actuar de acuerdo con los matices
de la seguridad nacional de hoy en día al distinguir, como
pareció hacerlo Ridge, entre aquellos que quieren destruir
un modo de vida y aquellos que quieren hacerse parte de él.
El republicano Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones
Exteriores, pidió esta semana acabar con la renuencia a adoptar
reformas positivas en inmigración. Algunos de sus colegas,
republicanos y demócratas, ya impulsan nuevos proyectos de
ley para crear, por ejemplo, un programa de trabajadores huéspedes,
que uniría a muchos ya aquí ilegales con empleadores
interesados en contratarlos.
Otros, como Demetrios Papademetriou, del Migration Policy Institute,
un instituto de análisis en Washington, sugieren un proceso
de matriculación estadounidense similar al que existe ahora
para personas procedentes de países árabes. Aquellos
que cooperen podrían recibir “con el tiempo la regularización
de su estatus”, dijo.
Hasta ahora no hay un indicio claro de cómo, cuándo
y si el presidente Bush tomará la batuta en este asunto.
Como todos los políticos y sus encuestadores lo saben, Bush
y el Partido Republicano tendrían mucho que ganar si el mandatario
diera pasos contundentes y concretos para regular la situación
de inmigrantes ilegales hispanos. Tal gesto podría significarle
al partido lo que le significó hace 140 años cuando
Lincoln lo convirtió en el partido de los emancipados.
Pero en este momento y en esta Casa Blanca, donde las voces que
prefieren las medidas punitivas en este asunto enmudecen a las voces
conciliatorias con frecuencia, la legitimación podría
ser ocultada más bajo el tapete. La renuencia a tomar tal
riesgo político llevará más que todo a que
se adopten medidas a medias.
Y así, irónicamente, la falta de resolución
política sobre inmigración pondrá en jaque
la seguridad y le hará el juego a los terroristas.
*Columnista del Washington Post.
|
|
