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Con licencia Alviz saltó los frenos legales
Las evidencias muestran que la administración de Carlos
Perla favoreció toda suerte de anomalías al consorcio
que presidía Joaquín Alviz, para que éste se
adueñara de jugosos negocios.
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| Primera denuncia de EL DIARIO DE HOY en
febrero pasado. Se alertó al país sobre el negocio
de la revisión de vehículos. |
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| Con mucho detalle, EL DIARIO DE HOY explicó
cómo Joaquín Alviz construyó una empresa
para engañar al estado. |
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| Ante la contundencia de las pruebas, el
gobierno acordó denunciar a Alviz. Las anomalías
están probadas con firmeza. |
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| Alviz intentaba alzarse más de $100
millones en la revisión de vehículos. Construyó
una firma falsa para eso. |
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| El ex presidente de ANDA, Carlos Perla,
deja huella de sus favorecimientos a la compañía
de Joaquín Alviz. |
Existen suficientes evidencias para creer que, desde el principio,
todo se puso a marchar mal en la Administración de Acueductos
y Alcantarillados, ANDA, para favorecer que el empresario español,
Joaquín Alviz, se apoderara del proyecto del río Lempa,
durante la administración del Ing. Carlos Perla.
La mejor prueba de eso, como lo comprobó la Corte de Cuentas,
es que el proyecto, valorado en $30 millones, se le adjudicó
a un consorcio que encabezó Joaquín Alviz sin haber
retirado las bases de la licitación pública.
Alviz hizo su propia jugada, apoyado por la administración
de Carlos Perla.
Fue su empresa, Icasur S.A, la que retiró los documentos del
concurso junto a otras compañías españolas que,
según las disposiciones, eran las únicas firmas que
podían participar.
Esta última disposición se adoptó porque el proyecto
lo financiaría un organismo de cooperación de ese país.
Al final, la oferta fijada en $29.990.720, la representó Icasur
al lado de otras dos firmas españolas denominadas Isolux Wat
e Hidromecánica Extremeña.
¿Qué paso?
¿Por qué se produjo ese cambio? Porque, en la realidad,
el papel de Alviz era conseguir, a cualquier costo, la licitación.
Los verdaderos constructores del proyecto fueron, como finalmente
se probó, las compañías Isolux e Hidromecánica
Extremeña.
Estas dos últimas compañías fueron invitadas
por Alviz a participar en la obra, cuando ya tenía garantías
que se la iban a adjudicar.
Alviz siempre fue, en el fondo, un intermediario que realizaba los
contactos necesarios para conseguir los favores a cambio de algo.
Los ejecutores eran otros.
Incluso, se sabe que fue él quien contactó a las dos
restantes compañías españolas para que se convirtieran
en sus socios.
Una vez que Alviz tuvo el contrato en sus manos, comenzó a
dirigir el proyecto y a cometer más anomalías, aunque
esta vez en contra de sus aliados.
Sorpresas
Otro hecho observado en el proyecto del río Lempa es que la
licitación finalmente se le adjudicó a la Unión
Temporal de Empresas (UTE), como se denominó el consorcio jefeado
por Alviz, sin que esa persona jurídica estuviese registrada
en España.
Esto último significaba que el consorcio no estaba legalmente
constituido. Lo único que presentaron ante la administración
de ANDA fue un documento de compromiso conjunto con responsabilidad
solidaria.
Eso también prueba que el consorcio se elaboró, a última
hora, únicamente para conseguir el concurso público
en ANDA.
Peor aún: el documento de compromiso ni siquiera estaba apostillado
en España (una suerte de certificación).
La Corte de Cuentas asegura en un reciente informe, que ANDA y su
personal jurídico “debieron haber exigido los documentos
pertinentes conforme a la legislación salvadoreña”.
El consorcio UTE se creó en España, el 15 de septiembre
de 1998. El concurso público se realizó varios meses
antes: en julio de ese año.
Fue hasta el 14 de abril de 2000 cuando se inscribió, en España,
el consorcio.
Eso revela, a la vez, que cuando la administración de Carlos
Perla contrató a la firma que encabezaba Joaquín Alviz,
ni siquiera estaba constituida.
La Corte de Cuentas describe bien lo que sucedió: “una
empresa fue la que retiró las bases.
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Otra fue la que ofertó y otra, diferente, se adjudicó
el contrato. Además, se contrató con una persona jurídica
que, ante terceros, no tenía existencia legal”.
Como si todo lo anterior fuese poco, el Ing. Carlos Perla dejó
pasar cualquier cosa para ayudarle a Alviz.
Otra anomalía detectada es que ANDA firmó el contrato
con el consorcio que encabezaba Joaquín Alviz antes de que
la Asamblea Legislativa autorizara al Poder Ejecutivo a contraer un
préstamo con una agencia de cooperación española.
El contrato entre ANDA y Alviz se suscribió el 11 de diciembre
de 1998 y la Asamblea Legislativa aprobó el préstamo
el 19 de abril de 1999.
Vieja denuncia
Desde el 8 de febrero último, EL DIARIO DE HOY denunció
al país lo que sucedía con las obras que el Estado
encargó a Joaquín Alviz.
El controvertido empresario español encontró caminos
abiertos para alzarse con proyectos espectacularmente lucrativos.
Sólo uno de ellos –el plan de la revisión técnica
de los vehículos– le habría dejado más
de $100 millones en un año.
También contrató dos proyectos con ANDA, durante la
administración de Carlos Perla: 1) el proyecto del río
Lempa y la construcción de un reservorio de agua en Nejapa.
En todos existen anomalías.
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