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Licitación
nula
Contraloría señala anomalías en RTV
Joaquín
Alviz quiso timar al Estado con empresas dedicadas a la venta de
calzado y bisutería.
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Abandonadas
Las instalaciones de la planta de revisiones técnicas
nunca atendió al público. El Gobierno tuvo sospechas
y luego descubrió el engaño del empresario español.Foto
EDH
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Un examen especial de la Corte de Cuentas recomendó al Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) poner fin al contrato
de $150 millones con el español Joaquín Alviz para
realizar las Revisiones Técnicas Vehiculares (RTV).
Los auditores detectaron que Alviz intentó
transformar a sus empresas, Inceysa e Icasur, en compañías
líderes para detectar emisiones nocivas en los automóviles
cuando en realidad se dedicaban a “la compra, venta, importación
y exportación de prendas de vestir, lencería y calzado,
así como de todo tipo de complementos del vestir y artículos
de bisutería y regalos”.
Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, confirmó
ayer que Alviz alteró las escrituras de constitución
de las empresas para poder participar y ganar el proyecto.
El español pretendía ganar de esa forma $10 millones
anuales.
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Lea además
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El PCN critica a
Hernán
El PCN no comparte la
sugerencia de su correligionario, Hernán Contreras,
presidente de la Corte de Cuentas, en el caso del contrato
que firmó la ANDA con el empresario español
Joaquín Alviz.
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¡Qué cambios!
El español se valió de todas las artimañas
para cambiar las escrituras de las empresas.
La documentación que Alviz presentó al MARN, el 18
de mayo de 2000, aseguró que Inceysa se dedicaba a “estaciones
e instalaciones de inspecciones técnicas de vehículos,
plantas de producción o de servicios de combustible, incluyendo
venta de accesorios y vehículos”.
Además, alteró el estado financiero para dar fe que
era sujeto de crédito, cuando en realidad en España
lo más que podía prestar en instituciones financieras
era $8,750.
En la oferta técnica presentada por Icasur a Medio Ambiente,
la Contraloría encontró el currículo de Antonio
Felipe Martínez Lavado como parte del personal profesional
de la empresa.
Martínez Lavado también apareció en la documentación
de Inceysa como el representante legal de la compañía.
Las bases de licitación prohibían que una misma persona
tuviera relación con más de una de las empresas participantes.
Alviz no fue el único que evadió los procesos legales
y administrativos, de acuerdo con los auditores.
El plan original era que el contrato sería firmado entre
Alviz, el MARN y el Viceministerio de Transporte.
De hecho, la documentación de la primera licitación,
que fue declarada desierta, fue respaldada por los funcionarios
de esas dos carteras de Estado.
Sin embargo, en el segundo llamado, Transporte delegó esta
facultad al Ministerio de Medio Ambiente.
Tal disposición se ampara en el acuerdo No.100 del MARN,
con fecha del 22 de agosto de 2002.
Así fue como el 5 de noviembre de ese mismo año el
MARN firmó el compromiso con Alviz.
El informe de la Corte de Cuentas señala que el artículo
105 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial establece que las mediciones de gases, humo y ruidos de los
vehículos se realizarán en talleres autorizados por
el Viceministerio de Transporte.
Las tres caras
- El español Joaquín Alviz ha amenazado con demandar
al Gobierno por incumplimiento de contrato.
- El Ministerio de Medio Ambiente acusó en la Fiscalía
General a Alviz por falsedad ideológica y material al presentar
documentación alterada.
- La Asamblea se interesó en el caso al saber que el MARN
pactó en el contrato los precios de los servicios, cuando
es el Parlamento quien debe establecerlo.
$150 parado
El Ministerio de Medio Ambiente no pagó ni un centavo del
dinero del contrato, debido a que tenía fuertes indicios
de las anomalías.
$10 amenaza
El empresario español amenazó con demandar al Gobierno
por incumplimiento de contrato y rechaza las acusaciones en su
contra.
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