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Desde
Washington
Guatemala en la mira de Estados Unidos
 Competir
por ayuda exterior estadounidense o acceso a mercados de Estados Unidos
parece un instrumento inadecuado para gestar cambios.
WASHINGTON.- Algunos diplomáticos estadounidenses no pueden
controlar sus instintos paternalistas cuando se trata de ciertas
elecciones en Latinoamérica. La tentación de escoger
bando es demasiado grande, en especial cuando un hombre como Efraín
Ríos Montt, el ex dictador guatemalteco, aspira a la Presidencia.
La administración Bush ha advertido públicamente que
las relaciones con Guatemala “serían difíciles”
si Ríos Montt llegara a ganar las elecciones en noviembre.
Ríos Montt, acusado de genocidio después de tomar
el poder en un golpe militar hace 20 años, continúa
siendo una figura poderosa en la política guatemalteca. A
los 76 años, es ahora presidente del Congreso y líder
del partido de gobierno.
Algunos funcionarios estadounidenses están convencidos de
que Ríos Montt representa un mayor riesgo individual para
la democracia en América Central, que el resurgimiento de
la izquierda en países vecinos como El Salvador y Nicaragua.
Pero no hay que apresurarse. Como primera medida, la candidatura
de Ríos Montt todavía no ha sido autorizada. En dos
ocasiones anteriores, en 1990 y 1995, una prohibición constitucional
contra ex dictadores frustró sus aspiraciones presidenciales.
La semana pasada, la misma prohibición bloqueó de
nuevo el registro de su candidatura, pero esta vez una Corte Superior
más solidaria con él podría ver con mejores
ojos su apelación a dicha decisión.
Una candidatura de Ríos Montt en Guatemala -como la de Carlos
Menem en Argentina o Daniel Ortega en Nicaragua- debería
suscitar algo más que consejos esporádicos y no solicitados
desde Washington.
En cambio, debería inducir a funcionarios estadounidenses
a que se miren al espejo y seriamente evalúen las herramientas
disponibles para ayudar a que democracias en dificultades se hagan
más representativas.
Para empezar, eso incluye impulsar mejores opciones en la boleta
electoral. Y debiera continuar con apoyo ininterrumpido a funcionarios
electos para que puedan hacer de su país una democracia de
hecho y no meramente de nombre.
Reunido en Chile esta semana con sus contrapartes del hemisferio,
el secretario de Estado, Colin L. Powell, repitió lo que
es ahora evidente en la región: las elecciones por sí
solas escasamente garantizan democracia. Con eso en mente, pasó
después a sugerir que el arsenal pro democrático de
Washington no se limita a la retórica.
En Santiago, Powell reavivó la promesa de prosperidad para
800 millones de personas en 34 países del hemisferio, cuando
se alcance el Área de Libre Comercio de las Américas
en 2005. También ofreció un aliciente en la forma
de un aumento significativo de ayuda estadounidense para el 2006,
a través de la cuenta denominada Desafío del Milenio,
que premiará a países pobres que estén haciendo
un esfuerzo sincero para mejorar los estándares de vida y
luchar contra la corrupción.
Tanto el libre comercio como el programa de ayuda, sin embargo,
son vistos hoy más distantes y con menos optimismo por la
mayoría en Latinoamérica que por aquellos en Washington.
En Guatemala, por ejemplo, con la economía más grande
de Centroamérica, encuestas muestran que la mitad de sus
empresarios permanecen poco convencidos acerca de los beneficios
del libre comercio. Ante dichas circunstancias, competir por ayuda
exterior estadounidense o acceso a mercados de Estados Unidos parece
un instrumento inadecuado para gestar cambios.
De hecho, el reto de lograr para Guatemala un pleno ejercicio de
la democracia va mucho más allá de Ríos Montt,
o promesas remotas de libre comercio y ayuda exterior. El país
se ubica entre los más desiguales del planeta. Casi la mitad
de su población es indígena, pero representa menos
de un cuarto del total de ingresos y del consumo nacional, según
el Banco Mundial.
Hay que reconocer que Washington ha invertido cerca de $400 millones
en el proceso de paz, firmado hace más de seis años
para terminar la guerra civil de 36 años en Guatemala. Pero
es persistente la discriminación y marginalización
indígena; una elite pequeña, poderosa y egoísta,
y gobiernos corruptos e ineptos se conjugan para que parezcan cada
vez más esquivas las metas del acuerdo de paz.
En parte, la experiencia en Guatemala ha hecho que funcionarios
de la administración Bush reexaminen sus programas pro democracia
en Latinoamérica. Un reciente informe de la Oficina de Contraloría
General del Congreso concluyó que dichos programas sólo
han producido resultados “modestos”'.
También recomendó mayor coordinación entre
las agencias estadounidenses y donantes internacionales, y el establecimiento
de metas para medir el progreso.
Mucho más difícil de tratar será otra de las
principales conclusiones del informe, que gobiernos en la región
carecen del compromiso para el tipo de reformas que corroboren sus
promesas de una verdadera democracia.
Curiosamente, en el curso de este año, el gobierno guatemalteco
ha fortalecido su compromiso de combatir el tráfico de drogas
y su influencia corruptora, aunque sólo después de
que Washington amenazara con quitarle ayuda financiera si no lo
hacía.
No hace tanto tiempo Guatemala habría simplemente terminado
en la lista negra de Estados Unidos, y los líderes guatemaltecos
habrían fortalecido su compromiso de cambiar aunque por algo
peor. Ha habido progreso.
Washington debe ahora encontrar formas de persuadir a líderes
regionales a que hagan más por toda su gente en vez de tener
que recurrir a decirle a esa misma gente por quién no votar.
*Columnista del Washington
Post.
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