Comentando
Abuso de autoridad

El reporte publicado por la oficina de investigaciones internas del Departamento de Justicia no admite duda. En las investigaciones posteriores al 11 de septiembre, los agentes encargados de procurar justicia abusaron de un grupo de 762 inmigrantes detenidos bajo la sospecha de tener vínculos con organizaciones terroristas.

A todas estas personas, en su inmensa mayoría musulmanes procedentes de Pakistán, se les trató de manera “excesivamente severa”. Más grave aún. A todos ellos se les negó el debido proceso y el tratamiento honorable que toda persona merece, independientemente de su condición migratoria.

La mayoría de estos inmigrantes fue detenida por faltas menores como violaciones de tráfico o por ser mencionados de manera anónima como “musulmanes sospechosos”. Una vez bajo custodia se encontró que todos los detenidos habían cometido alguna violación a las leyes de inmigración. La mayor parte de ellos fueron deportados por las violaciones a las leyes migratorias. Pero a ninguno se le encontró vínculo alguno con organizaciones terroristas.

En términos generales, revela el reporte, las condiciones de su confinamiento contradicen las normas que imperan en un país democrático en el que rige el Estado de Derecho. Muchos de ellos estuvieron detenidos más de un mes sin ser informados de los cargos que enfrentaban, otros carecieron de asistencia legal y varios más fueron víctimas de abuso físico y verbal. En todos los casos, la conducta de las autoridades violó las garantías constitucionales que esta nación orgullosamente proclama como propias.

A pesar de las abundantes evidencias presentadas en el reporte, la vocera del Departamento de Justicia se niega a reconocer el abuso. Según Barbara Comstock, Justicia actuó con apego a la ley y “no tiene que disculparse por haber utilizado todas las formas legales a su alcance para proteger al pueblo norteamericano de más ataques terroristas”.

La crítica del reporte coincide con las críticas hechas por organizaciones defensoras de los derechos civiles y por algunos miembros del Congreso. Y no sólo eso. Según se asienta en el nuevo reporte, hubo también abogados del Servicio de Inmigración que expresaron su desacuerdo, de manera “vehemente”, con el trato a los inmigrantes y con el cambio de política de la administración de George W. Bush, que le permitió al FBI encargarse de la investigación, aun cuando no estaba preparado para ello.

Aunque esta investigación se centra en las 762 personas detenidas en Nueva York, ésta no es la única denuncia de abusos contra inmigrantes, erróneamente confundidos con terroristas.

Después de los atentados del 11 de septiembre, el temor llevó a muchos ciudadanos a justificar los abusos de las autoridades contra los sospechosos de actividades terroristas. La constante erosión de los derechos civiles de la población, sobre todo inmigrante, fue vista como “un mal necesario”.

El Congreso norteamericano aprobó una ley antiterrorista que obliga al registro de extranjeros y posibilita su vigilancia y la inspección de sus viviendas. El clima xenófobo que actualmente se vive en este país ha propiciado que algunos de los programas de registro de extranjeros hayan sido abusivos. También ha demolido la barrera que existía antes entre la policía y los agentes migratorios. Y en nombre de la defensa de la patria, centenares de indocumentados que trabajaban en distintos aeropuertos del país han sido deportados.

Las acciones del Departamento de Justicia no sólo han afectado a inmigrantes que nada tenían que ver con el terrorismo, sino que socavan las garantías fundamentales de la Constitución estadounidense y los derechos de las personas.

En vez de negar la existencia del problema, lo que el Departamento de Justicia debería hacer es admitir los errores cometidos, ofrecer una disculpa, reformar los procedimientos que permitieron que se dieran estas violaciones a los derechos civiles de los inmigrantes y modificar su conducta.

*Miembro del Consejo editorial de Los Angeles Times.