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Mano
dura contra huelguistas en Perú
Declaran
el estado de emergencia por 30 días, con lo que se suspenden
las garantías individuales, como los derechos a reunión
y manifestación, y se permiten detenciones y allanamientos
sin orden judicial.
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| Los militares salieron ayer
a las calles de las principales ciudades del Perú para
garantizar el control interno ante la ola de huelgas y manifestaciones
en demanda de mejoras económicas y sociales.
Foto: AP |
Los militares salieron ayer a las calles de las principales ciudades
del Perú para garantizar el control interno ante la ola de
huelgas y manifestaciones en demanda de mejoras económicas
y sociales.
Las fuerzas armadas de Perú, actuando bajo órdenes
presidenciales, desalojaron a manifestantes que habían bloqueado
algunas calles y carreteras, disolvieron una guardia que maestros
huelguistas mantenían frente al congreso y se apostaron en
lugares estratégicos con vehículos blindados y tanquetas.
El presidente, Alejandro Toledo, declaró en la noche del
martes el estado de emergencia por 30 días en todo el país,
con lo que se suspenden las garantías individuales, como
los derechos a reunión y manifestación, y se permiten
detenciones y allanamientos sin orden judicial.
En la capital del país, Lima, un contingente militar desalojó
sin violencia en la madrugada a cientos de maestros públicos
que se habían apostado frente al Congreso en demanda de aumentos
de sueldos.
En el interior, las fuerzas de seguridad limpiaron las carreteras
de piedras y neumáticos quemados por agrícultores
que reclaman una reducción de los impuestos y mejores condiciones
sociales, según reportes radiales.
Huelga ilegal
Entre tanto, el gobierno declaró ilegal -según un
decreto publicado en el diario oficial El Peruano- la huelga de
los maestros públicos, lanzada hace más de dos semanas
por aumentos salariales, y anunció sanciones para los profesores
que no acudan su centro de labores.
Las manifestaciones y las protestas violentas, así como la
ola de huelgas que han afectado los servicios de educación,
salud y el sector agrícola, se han convertido en un dolor
de cabeza para Toledo.
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No le perdonan el
doble discurso
Es impredecible si el
estado de emergencia servirá a Toledo para recuperar
la tranquilidad del país y para que prosigan las negociaciones
entre el gobierno y los sindicatos, o incentivará más
aún el resentimiento de los trabajadores peruanos que
se sienten engañados por falsas promesas.
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Pero los peruanos están decepcionados con Toledo, pues sienten
que no ha cumplido con su promesa de reducir la pobreza, que alcanza
a poco más de la mitad de los 27 millones de habitantes,
y el desempleo, que bordea el 10 por ciento de su población
laboral.
La decisión de declarar el estado de emergencia fue aplaudida
por los empresarios que se vieron perjudicados con el bloqueo de
carreteras y la consecuente repercusiones en el comercio, pero fue
criticada por la central sindical mayoritaria del país, que
amenazó con continuar con las manifestaciones de protesta.
“Es una gran medida para controlar definitivamente el país.
Esperamos que en estos 30 días el Perú pueda volver
a su situación normal”, dijo el presidente de la Confederación
Nacional de Empresas e Instituciones Privadas (CONFIEP), Leopoldo
Scheelje, a una radioemisora local.
“El hecho de declarar el estado de emergencia demuestra una
vez más la torpeza del gobierno en su capacidad para encarar
los problemas del pais”, dijo el presidente de la Conferación
General de Trabajadores de Perú (CGTP), que reune a la mayoría
de sindicatos del país, Mario Huamán, a una radio
local.
“Las marchas no van a cesar mientras persistan los problemas
que originan las marchas”, agregó el dirigente.
La última vez que Toledo declaró el estado de emergencia
fue en junio del 2002, pero la medida se limitó a las ciudad
sureña de Arequipa, en medio de protestas contra la privatización
de dos empresas eléctricas.
Se desatan disturbios
Varias personas resultaron heridas el miércoles, algunas
de bala, cuando las fuerzas de seguridad peruanas dispersaron a
manifestantes que desafiaron un estado de emergencia.
El enfrentamiento de militares que efectuaron disparos al aire con
cientos de agricultores que bloqueaban una importante carretera
se desató en la localidad de Barranca, al norte de Lima,
y duró más de una hora.
Se registraron siete heridos, algunos de bala, dijo a Reuters un
policía de la zona, aunque no precisó si eran producto
del enfrentamiento con los militares. En el hospital de Barranca
dijeron que los heridos sumaban 15.
En Lima, decenas de militares con chalecos antibalas y armas automáticas
custodiaban el Congreso, tras desalojar a cientos de maestros públicos
en huelga, mientras la policía dispersó con bastones
y chorros de agua a manifestantes del sector judicial frente al
Palacio de Justicia.
En la localidad norteña de Chiclayo, militares y policías
arrojaron bombas lacrimógenas para dispersar manifestantes
y hubo reportes de algunos heridos y huelguistas detenidos.
En Pativilca, al norte de Lima, varias personas saquearon algunos
vehículos varados por los bloqueos de caminos, y en Huánuco,
en el centro del país, los manifestantes quemaron neumáticos
y los mercados de esa ciudad cerraron sus puertas.
Dirigentes de los agricultores y del sector salud ordenaron el tarde
del miércoles la suspensión de sus protestas, pero
los maestros de escuelas públicas primaria y media anunciaron
que continuarán con su huelga de más de dos semanas.
Toledo: “El país no puede detenerse”
“Hemos decidido declarar el estado emergencia a nivel nacional
por 30 días para que se ejerciten plenamente las libertades
personales y el derecho al libre tránsito”, dijo Toledo
en un mensaje transmitido por radio y televisión.
“El país no puede detenerse (...) la democracia sin
orden y sin autoridad no es democracia”, afirmó el mandatario.
“Como presidente constitucional y jefe supremo he decidido
encargar a las fuerzas armadas el control interno”, anunció
el presidente Toledo, economista y ex asesor del Banco Mundial.
Esta es la segunda vez que Toledo ha declarado el estado de emergencia.
En junio del 2002 hizo lo mismo, pero la medida se limitó
a las ciudad sureña de Arequipa, en medio de protestas contra
contra la privatización de dos empresas eléctricas.
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