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Hallan
dinero del Seguro guatemalteco en Miami
El
dinero, unos $60 millones, fue encontrado en Miami a nombre de un
Fondo de Pensiones.
Un nuevo escándalo de corrupción cometido por ex
autoridades del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGGS)
fue conocido ayer. La operación intentaba despojar al IGSS
de 60 millones de dólares, utilizando para ello un supuesto
Fondo de Pensiones de América.
La historia empieza en Guatemala y termina en Miami y tiene como
principal sospechoso a José Leonel Girón Migoya, ex
director financiero del IGSS, aunque se sabe que los autores
intelectuales del fraude son altos dirigentes del partido
de Gobierno FRG relacionados con el Seguro Social.
Según investigaciones del periódico local Siglo
XXI, la interventora del Instituto, Blanca Odilia Alfaro y
el ex presidente de esa dependencia, Carlos Wohlers, tienen información
del escándalo, pero ambos se limitan a trasladar datos escuetos.
Según lo investigado, Girón Migoya contactó
al Fondo de Pensiones de América para depositar, en el banco
Merrill Lynch International de Miami unos $60 millones
de los recursos del IGSS, dinero que fue registrado en esa entidad
financiera a nombre del Fondo aludido.
Encontraron que ese dinero se depositó en un banco
del sistema de Guatemala, luego sale a Miami y de ahí desaparece,
dice Alfaro, al referir $3 millones que ya no fueron recuperados,
de esos $60 millones.
Una delegación de abogados del IGSS, supuestamente encabezada
por un magistrado, se habría trasladado a Miami y descubierto
que los $60 millones que supuestamente el Seguro Social tenía
depositados en el Merrill no estaban a su nombre, sino al del Fondo
de Pensiones de América.
Indignación internacional
Mientras tanto, la comunidad internacional reaccionó decepcionada
por los escándalos de corrupción que se registran
en Guatemala y condenó la millonaria estafa al IGGS.
La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA),
la Unión Europea (UE) y otros diplomáticos, expresaron
su indignación por el desfalco, en declaraciones que publicaron
ayer medios locales.
La estafa, que salió a luz pública esta semana, se
ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción
durante el Gobierno del presidente Alfonso Portillo.
Hay indignación de todo el mundo, de toda la comunidad
internacional frente a este nuevo acto de corrupción,
manifestó el director de la MINUGUA, el diplomático
alemán Tom Koenigs.
Koenigs calificó de sirvengüenzas a las
personas que se han enriquecido con el dinero de los afiliados del
Seguro Social y demandó investigar y castigar a los responsables
de este acto de corrupción.
10
casos
de corrupción, en los que se han malversado unos
$322.26 millones, han estallado desde que el Frente Republicano
Guatemalteco asumió el poder en enero de 2000 a la
fecha.
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Por su parte, el representante de la UE en Guatemala, Phillipe
Convescot, expresó que el cáncer mas fuerte en este
país es la impunidad y la corrupción.
A la comunidad internacional no nos gusta la corrupción,
así de simple, señaló el embajador de
Japón, Kigefumi Ueno, en tanto que la representante de Suecia,
María Leissner, apuntó que lo mas preocupante es que
el dinero se le está quitando a la gente más pobre.
A raíz de la estafa millonaria, el pasado jueves el vicepresidente
de la república, Juan Francisco Reyes, ordenó la intervención
del IGSS y desligó al Gobierno y al partido Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), en el poder, de los hechos ilícitos.
Uno de los principales involucrados en la estafa millonaria es el
ex gerente del Seguro Social César Sandoval Morales, quien
se encuentra prófugo de la justicia.
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Fiscalía pide desafuero de subcontralor
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El fiscal general de Guatemala, Carlos de León, pedirá
el desafuero del subcontralor de Cuentas, Joaquín Flores
España, por supuesta complicidad en la estafa en el
IGSS.
De León dijo que Flores emitió un dictamen favorable
del fideicomiso creado por el ex gerente del IGSS César
Sandoval Morales, a pesar de que existían evidentes
anomalías en esa transacción.
Flores es el responsable de auditar todas las operaciones
financieras de las entidades del Estado y goza del derecho
de antejuicio por razones de su cargo, por lo
que para ser procesado judicialmente, la Corte Suprema de
Justicia debe de privarle de su inmunidad previamente.
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