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Procuraduría señala magistrados de Corte
PDDH critica sanción a abogados

En el informe la Procuraduría recomendó a los Magistrados de la Corte que reinstalen a los funcionarios judiciales separados de sus cargos por supuesto título irregular.

Jaime García/Douglas González
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió ayer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia violaron los derechos de 38 abogados, cuyos títulos fueron investigados por supuestas anormalidades en su obtención.

En una resolución de 8 páginas, la Procuradora Beatricce de Carrillo da por establecida la violación al derecho humano a un debido proceso legal por inobservancia de los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica, así como al derecho a la estabilidad laboral.

Contra la CSJ

Señala como responsables de la violación de los derechos de los abogados a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exceptuando a las doctoras Anita Calderón de Buitrago y Victoria Marina de Avilés.
Según la Procuradora, las dos magistradas no firmaron las resoluciones de remoción de los cargos de los señalados, que fungían como jueces y abogados de la República.

En el documento, la Procuradora censura la aplicación del acuerdo 287, que contiene las “normas para revisar la autorización del ejercicio de la abogacía” emitido por la Corte Suprema de Justicia, el 16 de mayo de 2002.
Los afectados fueron sancionados según estos parámetros.

Recomienda

La Procuradora recomendó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, con base a los criterios establecidos en el informe, inicien un proceso de revisión de los procesos de remoción y en los casos que corresponda dicte resoluciones fundamentas que reinstalen a los funcionarios judiciales que fueron separados de sus cargos en forma ilegítima.

Para ello el informe da un plazo de treinta días para hacer los reinstalos.
Recomienda al Fiscal General que instruya a sus agentes auxiliares para que la investigación sobre la comisión de eventuales delitos sea emprendida con imparcialidad, seriedad y objetividad, a fin de evitar involucramientos indebidos.
Al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Corte Suprema y al Ministerio de Educación le recomienda ejercer control sobre la información que divulguen.

Recomendaciones

La mayoría están dirigidas para los magistrados de la Corte.
- Recomienda a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno, que en lo sucesivo se abstengan de aplicar el acuerdo 287, que contiene las normas para revisar la autorización de ejercicio de la abogacía adoptadas el 16 de mayo de 2002.
- Que en los sucesivo, todo acto que lleve a una afectación a los derechos laborales de sus funcionarios y empleados, observe plenamente las garantías contenidas en el debido proceso.
- Recomienda al Fiscal General de la República, que en forma diligente y exhaustiva, continúe con la investigación de la emisión de títulos irregulares y que, según corresponda, ejecute las acciones respectivas a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de los títulos obtenidos por los profesionales señalados en el informe elaborado por Roberto Vidales, quien investigó los títulos de más de dos mil abogados hace dos años.

 

 

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