Nuevas anomalías de Alviz

Los negocios de Joaquín Alviz en El Salvador se convierten en una permanente sorpresa.

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¢198. por carro. Joaquín Alviz pretendía cobrar ¢198.05 por cada vehículos salvadoreño revisado en su tinglado de empresas. Con ese precio ganó una licitación claramente amañada tras saltarse controles. Foto: EDH/José Luna

En su desesperación por brincarse toda suerte de trancas legales y alzarse con el ciento por ciento del negocio de la revisión de vehículos, Joaquín Alviz hasta usó auditores españoles que no ejercen sus cargos o que, simplemente, nadie conoce quienes son.

Ese hecho se descubrió, recientemente, después de analizarse los estados financieros que compañías relacionadas con Alviz presentaron en la licitación pública que realizó el Ministerio del Medio Ambiente para concesionar la revisión técnica de los autos.

Fue en mayo de 1999 cuando esa cartera abrió el concurso para administrar las plantas de revisión técnica vehicular.
Lo que se pretendía era entregar esa tarea a dos compañías diferentes. Incluso, se especificó que, en ningún momento, podía, la misma compañía, participar en asociación o, individualmente, en más de una oferta.

En el concurso participaron las firmas Icasur (controlada por Joaquín Alviz), Inceysa Vallisoletana (en principio se creía independiente pero también lo dominaba Alviz); Talsud- Sertracen; Supervisión y Control y Mustang de El Salvador (que finalmente se retiró).
A las compañías se les pidió que demostraran su capacidad financiera mediante estados contables debidamente certificados por auditores independientes o por autoridad competente.

Cómo actuó

Ahora se conoce que para controlar toda la licitación, Alviz no sólo presentó la oferta de su compañía Icasur sino que viajó a España y compró una sociedad que se dedicaba a importar bisutería.
Luego le cambió la razón social y, mediante una serie de acciones anómalas, la convirtió en una especie de compañía especialista en revisión de vehículos.
Esa empresa se denomina Inceysa Vallesoletana y Alviz puso a presidirla a un empleado suyo llamado Antonio Martínez Lavado.

Ahora se descubre que quien certificó los estados financieros de Icasur fue el señor Joaquín de Arespocochaga Llópiz.
Incluso, a la certificación se le agregó que Arespocochaga es “censor jurado de cuentas” inscrito en el registro oficial de auditores de Cuentas de España.
Cuando se le preguntó al Ministerio de Economía de ese país sobre ese personaje, corroboraron su nombre en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Desde España se respondió que Arespocochaga está identificado como “auditor no ejerciente”.
La otra empresa controlada por Alviz, Inceysa Vallesoletana, acreditó sus cuentas firmadas por un supuesto auditor llamado Juan José Angulo López.
La respuesta recibida desde España no fue menos sorpresiva: “no se encuentra ningún auditor identificado como José Angulo López”.

Los negocios de Joaquín Alviz en El Salvador se convierten en una permanente sorpresa. Foto: EDH/José Luna

De acuerdo con todo eso, Alviz habría cometido falsedades materiales e ideológicas en los documentos presentados en el Ministerio del Medio Ambiente.
Pero, a pesar de esa anomalía, y otra serie de conductas realizadas por el controvertido empresario español en El Salvador, la Fiscalía General de la República todavía no presenta cargos formales contra él y nadie entiende por qué no lo hacen.

Eso sucede a pesar de que, desde el 24 de febrero pasado, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una denuncia contra las actuaciones de Alviz en ese concurso público.
El gobierno también pretende crear un procedimiento legal para que se anulen y dejen sin efecto jurídicos los contratos firmados con las compañías con las que Alviz está relacionado. Esos contratos se firmaron el 17 de noviembre del año 2000.

Otras anomalías

Al estudiarse los estados financieros presentados por Alviz y su empleado Martínez Lavado sobre las compañías Icasur e Inceysa, también se ha comprobado que basta con cotejar los valores que mostraron en concepto de activos y resultados para comprobar que “no reflejan la realidad financiera de su situación financiera”.
También se estableció que las informaciones financieras de las dos compañías no provienen de una fuente veraz.

Los estados financieros de Icasur y de Inceysa consisten en fotocopias certificadas por notario de documentos sin constancia de inscripción en algún registro mercantil.
La información que se incluyó en los estados financieros es distinta a los que consta en los estudios contables correspondiente a los mismos años inscritos en los registros mercantiles de España.

Además, las investigaciones del Ministerio del Ambiente concluyen que las dos sociedades anónimas a las que se les entregó el concurso público por diez años, tienen vínculos entre sí.
Parte de los errores cometidos por Alviz y que permiten corroborar esa relación, se encuentran en documentos en poder del Ministerio del Ambiente.

En una primera licitación que fue declarada desierta (realizada en marzo de 1999), Alviz incluyó dentro del organigrama de Icasur, al señor Antonio Martínez Lavado.
En ese documento se menciona que es el jefe del área de estructuras de Icasur.
Se agregó un currículum vitae de Martínez Lavado en el que éste asegura que trabaja en Icasur desde 1995.
En la segunda licitación, Alviz desapareció, adrede, el nombre de Martínez Lavado de su empresa.
Sorpresivamente, en este otro concurso público participa Inceysa aunque Martínez Lavado surge como su presidente y como un supuesto experto en revisión técnica de vehículos.

Revisión técnica

- En la licitación pública se exigió comprobaciones de la organización empresarial y años de experiencia en sus ramas de negocios. Los controles sobre esos hechos fallaron, dramáticamente, en el Ministerio del Medio Ambiente. Alviz fue capaz de inventarse cualquier cosa en las ofertas que presentó.
- También debía demostrarse la capacidad financiera de la firma mediante estados financieros debidamente certificados por auditores independientes. Para colmo de males, los auditores que utilizó Alviz o no están activos o ni siquiera aparecen registrados en España.