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Preocupación
por el deterioro fiscal
Fusades critica medidas económicas
Amenaza
contra el equilibrio fiscal y deterioro de la cultura de pago. Estas
son las dos consecuencias que, según Fusades, acarrean tres
medidas económicas anunciadas recientemente por el Ejecutivo
y la Asamblea.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social (Fusades) criticó ayer una serie de medidas impulsadas
recientemente por el Presidente Francisco Flores y por la Asamblea
Legislativa.
La Fundación objetó el aumento a las pensiones de
138 mil trabajadores, la dispensa de multas de tránsito y
la exoneración del impuesto de la renta hasta por ¢100
mil colones anuales de renta imponible.
La primera, impulsada por el Gobierno, ya està aprobada.
Las otras dos fueron devueltas por el Presidente a la Asamblea Legislativa,
una con observaciones y la otra vetada.
Fusades cree que estas medidas tienen dos serios inconvenientes.
El primero de ellos es que atentan contra la sostenibilidad fiscal
y, por tanto, contra la estabilidad macroeconómica del país,
ya que imponen nuevas obligaciones al Estado a la vez que le reducen
los ingresos.
Según estimaciones de Fusades, la aplicación de estas
medidas tendría un impacto equivalente a uno por ciento de
la producción nacional en el presente y futuros años.
Además, en el caso de la condonación de las multas
de tránsito, ésta conlleva un mensaje negativo, puesto
que “se fomenta la cultura del no pago y se premia al moroso”.
Inestabilidad fiscal
El director de estudios económicos y sociales de Fusades,
Roberto Rivera, destacó que una de las principales preocupaciones
de ese ‘tanque de pensamiento’ es la estabilidad fiscal.
“La carga previsional es una de las causas más significativas
del déficit fiscal actual y lo será en los años
venideros. Sin embargo, con la equiparación de las pensiones
se está asumiendo un compromiso fiscal adicional en este
rubro”, observó Rivera.
La equiparación de las pensiones ya fue aprobada por la Asamblea
Legislativa, a solicitud del presidente Flores.
Con la medida se busca beneficiar a unos 138 mil salvadoreños
que por haberse trasladado del antiguo al nuevo sistema de jubilación
sufrieron un deterioro en su pensión.
Tal como este diario lo informó ayer, la medida implica un
desembolso anual extra de $35 millones, y será una de las
causas por las cuales el Gobierno no cumplirá este año
su meta de déficit fiscal, fijada inicialmente en 1.6% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Los nuevos cálculos reflejan que el déficit cerrará
en 2.4% del PIB.
Fusades advirtió ayer que estas son “consecuencias preocupantes
para la estabilidad, cuando, precisamente por la dolarización,
se debería estar resguardando la estabilidad fiscal para
el mejor funcionamiento de la economía”.
¿Para los pobres?
El centro de investigaciones también criticó las medidas
por considerar que no favorecen a los más pobres.
“La dispensa de pago de las multas de tránsito es un
ejemplo de beneficio a grupos privilegiados que tienen capacidad
de ejercer presión política”, espetó el
centro de investigaciones.
Rivera detalló que la mitad de las esquelas e intereses dispensados
correspondían a propietarios de autobuses y microbuses, mientras
que un 40 por ciento a dueños de vehículos particulares,
quienes “indiscutiblemente (...) no pertenecen a los sectores
más pobres de la sociedad”.
A guisa de comparación, Fusades dijo que con el dinero que
se gastará o dejará de recaudar por las tres medidas
ya citadas, se podría financiar durante tres años
y medio el funcionamiento de 2,800 nuevas secciones de educación
básica y subsidiar a 86,000 niños del 20% más
pobre de la población para que asistan a la escuela.
“Para el país, las medidas tienen un costo de oportunidad
social sustantivo”, concluye Fusades.
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