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Voz
de alerta
El azote del tinterillismo
Los reglamentos, las ordenanzas y cualesquiera otra fuente normativa
tienen necesariamente una órbita de validez jurídica.
La tormenta que se desató en el país a raíz
de la existencia de títulos de abogados obtenidos fraudulentamente
por individuos inescrupulosos ha hecho que pase inadvertido otro
fenómeno íntimamente relacionado con aquel e igualmente
pernicioso para la vida jurídica del país: el florecimiento
y auge del tinterillismo.
Tinterillos los ha habido siempre. Si se hiciera un formal estudio
de la historia judicial en El Salvador, veríamos que no hay
ciudad importante que no haya contado con la presencia de uno o
más de estos personajes, algunos de los cuales fueron famosos
en su tiempo, por lo menos en su localidad y han pasado a formar
parte del folclor de sus respectivas poblaciones. Individuos empíricos,
por lo general ex trabajadores de alcaldía, de juzgado o
de algún bufete jurídico, donde aprendieron algunos
rudimentos de Derecho, que, al encontrarse fuera de sus empleos,
se deciden a trabajar “por su cuenta”.
Sin embargo, ahora la cosa ha tomado otro cariz, hoy existen los
tinterillos de universidad, que son aquellos individuos que aprovechándose
del desorden de posguerra por el que atraviesa el país, el
cual ha invadido todos los ámbitos de la vida nacional, se
matriculan en alguna universidad, principalmente de las de nuevo
cuño, de esas que ofrecen cursos sabatinos de Derecho y otras
zarandajas por el estilo, y tan pronto obtienen su matrícula
en el primer ciclo, ya se consideran autorizados para montar oficinas
de abogacía y hasta de notariado, con secretaria, teléfono
y computadora, y ellos mismos, enfundados en sus flamantes atuendos
abogadiles, hasta se olvidan de que les falta una cosa: estudiar
para conocer la ley y sacar el títulos de abogado. Este pequeño
detalle es el único que suelen descuidar. Y muchos tienen
las frescura, por no decir la desfachatez, de colocar sus oficinas
jurídicas enfrente o a la par de reconocidos despachos, pertenecientes
a verdaderos profesionales.
Hay que reconocer que para que puedan existir oficinas de ese tipo,
siempre existe un profesional del Derecho apadrinándolas.
Se trata de abogados que por estar desempeñando un cargo
en la burocracia no pueden dedicarse de lleno a la profesión
y buscan la manera de ganarse unos centavillos extras alquilando
su nombre, su firma y hasta su protocolo, muchas veces sin saber
a ciencia cierta qué es lo que el otro está haciendo
con ellos.
Ilustraré lo dicho con un ejemplo: llega un individuo a consultar
a un abogado de reconocida seriedad, le presenta una escritura de
poder general administrativo, que le otorgó un pariente radicado
en el extranjero, pero que tiene bienes en El Salvador. El consultante
desea saber si con ese poder general puede vender los bienes inmuebles
de su mandante. El abogado, después de examinar atentamente
el documento que se le presenta, contesta a su interlocutor que
ese poder no lo habilita para que venda los bienes inmuebles, porque
para ello se necesita un poder especial o un poder general con cláusula
especial, cosa que no contiene el documento de marras.
Ante la respuesta negativa del profesional, el individuo interesado,
acompañado del presunto comprador, se dirige a la oficina
de un seudoprofesional, en donde ni cortos ni perezosos le formalizan
la venta. Al poco rato se ve salir a los contratantes, muy contentos,
sonrientes y agradecidos, con “el doctor” o “la doctora”
que les hizo “el favor”. Léase: el favor de hacerles
una escritura de compraventa que no podría ni se debía
hacer. Este es un ejemplo tomado al azar, pero que nos deja ver
que los clientes más asiduos de esas oficinas son aquellas
personas que se dedican a realizar negocios poco transparentes y
que, por ende, rehuyen la confrontación con un abogado serio,
que seguramente les va a señalar aquellas cosas que no es
lícito hacer.
Huelga decir que en toda universidad hay jóvenes -y son la
mayoría- que están cursando sus estudios con responsabilidad,
llenando los requisitos académicos necesarios para obtener
su título profesional. Obviamente, los anteriores conceptos
no se refieren a ellos.
Yo soy un abogado de la vieja escuela y aunque algunos pensarán
tal vez que somos una especie en vías de extinción,
mis maestros me enseñaron conceptos que son inamovibles,
y uno de ellos es que el ejercicio de la profesión del Derecho
es cosa delicada, seria y de gran altura, y que debe tratarse con
gran sentido de responsabilidad. El Art. 289 del Código Penal
sanciona como delito el ejercicio ilegal de una profesión,
pero creo también que la Corte Suprema de Justicia tiene
en este punto una tarea pendiente, que debe encarar y con toda la
seriedad que el caso amerita.
*Doctor en Derecho.
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