Un vistazo a los cuatro años de privatizaciones
Privatización genera más competencia

Además del capital entregado al Gobierno, la especialización de servicios y mejoras tecnológicas, la privatización de los sectores de energía, pensiones y telecomunicaciones han favorecido una mayor competitividad de los mercados

El Diario de Hoy
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A cuatro años de haberse iniciado el proceso de privatizaciones en el país, la mejora de la competitividad de los mercados y la generación de empleo son dos de las áreas que más se han beneficiado.
Tan exitosas han resultado las reformas en los sectores de electricidad, telecomunicaciones y pensiones que ahora el país no sólo goza de la mejora de esos servicios, sino también de la continua creación de empleos directos e indirectos que éstas generan.

Las empresas han servido de multiplicadoras de la generación de empleo, especialmente para las medianas, a las que les contratan los servicios básicos de funcionamiento, como transporte, limpieza y seguridad.
Cientos de profesionales también han aprovechado los espacios que éstas han abierto, para hacer carrera en las áreas de mercadeo, atención al cliente, contabilidad y administración de empresas.

Otros muchos se han capacitado en las diversas áreas de los servicios que ofrecen las compañías, incrementando la competitividad de las mismas y generándole mayor valor agregado al país.
Actualmente, los operadores de estas tres áreas generan un aproximado de 15 mil empleos, entre directos y subcontratados, favoreciendo con ello la mejora de la economía doméstica y el consumo interno.
Las industrias eléctrica y de telecomunicaciones han logrado aventajar en la generación de empleo al sector de pensiones, el cual está dominado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los primeros generan unos 14 mil empleos y este último, un aproximado de 1,300.

Antes

A inicios de la década pasada, los usuarios tenían que esperar entre uno y tres años para recibir una línea telefónica y entre tres y cinco años para beneficiarse con el servicio de energía eléctrica.
Además de eso, los costos eran elevados y los trámites engorrosos. Tampoco existían sistemas de financiamiento que facilitaran el acceso de las comunidades rurales y urbano marginales a tales servicios.
Debido a que en ese entonces sólo dos compañías monopolizaban los servicios de telecomunicaciones y energía, Antel y CEL, respectivamente, la cobertura y la calidad eran deficientes, y los usuarios no tenían opciones de cambio.

En cuanto a las pensiones, la cobertura y los beneficios eran menores. Si bien los empleados aportaban menos dinero al antiguo sistema de pensiones, el cual estaba controlado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), también las garantías de pago de los afiliados eran escasas.
Pese a que hasta antes de las privatizaciones las instituciones responsables de la administración de los servicios empleaban un aproximado de 20 mil personas, éstas brindaban servicios deficitarios y empleos de baja calidad.

La mayoría de empleados, muchos de los cuales se han acogido en los diferentes programas de retiro voluntario, desempeñaban labores que no requerían ninguna especialización, por lo que con el cambio de administración tuvieron que capacitarse y adaptarse al esquema de trabajo del sector privado, para conservar sus antiguos empleos.

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Los ingresos
El gobierno obtuvo varios cientos de millones con la privatización de los servicios de electricidad y telecomunicaciones.
En el área de electricidad, el gobierno obtuvo en enero de 1998 $586.1 millones por la venta de las distribuidoras de energía.
Además, por la venta de las generadoras térmicas -Acajutla, Soyapango y San Miguel- recibió en 1999, $125 millones.
En julio de 1998, ingresaron otros $275 millones por la compra de Antel.
Siempre en el campo de las telecomunicaciones, el gobierno obtuvo $23.4 millones.