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Planta
de basura y dinero en el limbo
La
promesa de un proyecto de lujo para el manejo de la basura en San
Salvador, no se ha cumplido. Tampoco se conoce el destino de lo
cobrado para este fin
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
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El relleno sanitario en
Nejapa opera desde 1999. el convenio entre las alcaldías
y la empresa constructora incluye la construcción de
la planta de transferencia de basura.
Foto EDH
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Diez alcaldes del área metropolitana del FMLN pretenden
darle un entierro de primera clase a la construcción de una
planta de transferencia de basura que prometieron al país
a pesar de que reunieron, en los últimos 41 meses, en una
cuenta bancaria especial, al menos $5 millones que hasta la fecha
le han cobrado a más de un millón de personas en los
recibos de electricidad.
Tres años y medio después de anunciarse ese proyecto
que encabezó el alcalde de San Salvador, Dr. Héctor
Silva, el balance no puede ser peor: parte del dinero ya se gastó
y algunos alcaldes estudian seguir un camino propio después
de amotinarse, en julio, contra el proyecto, contra la empresa canadiense
que gobierna ese plan y, más aún, contra el Alcalde
Silva.
Los diez alcaldes que prometieron al país la planta de transferencia
de basura de primera clase asociados con la empresa canadiense CINTEC
firmaron, hace pocos días, individualmente, un adendum a
los contratos originales en el que advierten que el proyecto está
congelado por un año aunque, en realidad, esos
actos se convirtieron en una forma de disfrazar la rebeldía
hacia el proyecto.
Con esa decisión también pretenden forzar que les
liquiden el dinero que aportaron para el proyecto en una cuenta
especial de la firma canadiense y que recoge el dinero de más
de un millón de habitantes del área metropolitana.
Las municipalidades involucradas en ese plan son las de San Salvador,
Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, Nueva San Salvador, Nejapa, Soyapango,
Ciudad Delgado, Ilopango y San Marcos.
Todos los alcaldes del FMLN involucrados en eso niegan, públicamente,
lo que realmente sucedió. Advierten que el proyecto está
congelado. Quizá lo hacen por cálculo
político para no presentarse desunidos contra Silva y el
proyecto de la planta de transferencia de basura.
Pero, lo cierto es que algunos de ellos prepararon, o buscan planes
individuales para tratar la basura y hasta se sabe que elaboraron
planes adicionales para invertir el dinero que le entregaron a MIDES,
cuando les devolvieran sus aportes para la planta. En la actualidad,
nadie sabe de cuánto dinero queda después de reducir
los supuestos gastos.
Por eso es que algunos alcaldes hablan de liquidaciones
del dinero que cobraron a los usuarios en los recibos de la electricidad.
MIDES es una empresa mixta que formaron, en 1999, diez alcaldías
que controla el FMLN en el área metropolitana de San Salvador
junto a la empresa canadiense CINTEC para ejecutar dos proyectos:
la construcción de un relleno sanitario en Nejapa (obra que
ya se cumplió) y una planta de transferencia y reciclaje
de la basura que está en el limbo.
CINTEC y las diez municipalidades llegaron a un acuerdo en marzo
de 1999: las comunas pagarían a los canadienses, como retribución
a sus millonarias inversiones, $18 por cada tonelada métrica
que recibieran en el relleno sanitario de Nejapa. De esa suma, CINTEC
debía destinar $3 para construir la planta de tratamiento
de la basura que aún no se construye.
Desde que comenzó a operar el acuerdo en 1999, las diez municipalidades
han entregado a CINTEC por lo menos 1.5 millones de toneladas de
basura en los últimos 41 meses. Si se multiplica por $3,
la suma acumulada y depositada en una cuenta especial, no baja de
$4.5 millones. Otros estiman que esa suma supera los $5.6 millones,
si se examina el número de toneladas de basura entregada
a MIDES y a CINTEC.
Parte del problema es que por lo menos algunas comunas esperaban
que, al congelarse el proyecto y llevarlo a la muerte,
recibirían, de vuelta, sus aportes completos. Sin embargo,
El Diario de Hoy sabe que la respuesta de los canadienses es que
buena parte de ese dinero ya se gastó en pago de proyectos
menores y la contratación de pepenadores (que recientemente
los despidieron al congelarse el proyecto).
Al no encontrarse el dinero en las cantidades que esperaban, eso
aplastó las aspiraciones de algunos alcaldes del FMLN para
tratar de encontrar soluciones individuales para tratar
la basura o de lograr dinero para crear otras obras en tiempos en
que se acerca la campaña política.
El Diario de Hoy insistió en hablar con representantes de
MIDES para conocer el destino del dinero, pero su directora de comunicaciones,
Maythé de Rivas, dijo que en ese momento la prioridad para
los encargados era resolver la situación de los pepenadores
que despidieron en el antiguo botadero de Mariona.
Precisamente el despido de esos pepenadores la decretó MIDES,
hace unas semanas, cuando el proyecto de la construcción
de la planta de transferencia sufrió sus más severos
golpes a causa del rechazo de nueve alcaldías metropolitanas.
Silva niega
El alcalde de San Salvador, Héctor Silva, hizo esfuerzos
por negar a El Diario de Hoy la crisis política que antecedió
el acuerdo de congelamiento del proyecto entre sus colegas
del FMLN.
Durante una larga entrevista insistió en atribuir esa nueva
etapa de congelamiento (que se prolongaría por
un año), como una reacción a la decisión del
Gobierno de no aprobar los permisos ambientales para construir la
planta de transferencia en Apopa.
Esa es una posición acordada, de cara a los salvadoreños,
que también sostienen todos los alcaldes involucrados en
el proyecto.
Sin embargo, esos alcaldes del FMLN siempre tuvieron, entre sus
manos, durante los últimos meses, la posibilidad de levantar
esa obra en un terreno de la Fuerza Naval que les cedió el
Gobierno (localizado al oriente de la capital).
MIDES y las alcaldías tenían en sus manos la posibilidad
de adquirir cinco manzanas de terreno, localizados al frente del
antiguo botadero de Mariona, y propiedad de la empresa Salazar S.A.
de C.V, que controla el Ing. José Raúl Salazar.
Precisamente en ese tierras operó una planta de tratamiento
provisional, durante dos años. MIDES rentó, durante
ese tiempo, las cinco manzanas al Ing. Salazar. Este último
reconoció a este diario que sostuvo una serie de pláticas
con el señor Jocelyn Theberge, representante de MIDES y la
firma canadiense, para venderles la tierra para que construyeran
allí la planta de transferencia.
Al final no se pusieron de acuerdo las municipalidades,
dijo Salazar.
También se sabe que, incluso, representantes de MIDES recibieron,
del Ministerio del Ambiente, una propuesta de adecuación
ambiental que significaba el primer paso para recibir un permiso
para construir en Mariona la nueva planta de transferencia.
Esas diligencias se paralizaron cuando estalló la crisis
de los alcaldes del FMLN contra el proyecto, en un momento en que
sólo Silva empujaba el compromiso que tanto publicitó
a los capitalinos.
La posibilidad de construir la planta en el terreno de la Fuerza
Naval o en las tierras propiedad del Ing. Salazar resta fuerza a
la explicación dada por los diez alcaldes en el sentido de
que congelaron el plan por el rechazo que hizo el gobierno
a la posibilidad de ejecutar la obra en Apopa.
Ellos tenían otras opciones en las mano que manejaban en
el momento en que explota el desacuerdo entre los socios del proyecto.
Silva también negó que una crisis política
dentro de su propio partido le hubiese dejado solo al frente del
proyecto. En dos ocasiones, se le preguntó: ¿Le dejaron
sólo? Su respuesta fue: No.
Sin embargo, el acta de la sesión extraordinaria que celebró
la Alcaldía de San Salvador el 17 de julio último,
delata lo que realmente ocurría en ese momento y que causó
el intento de disfrazar como congelamiento una muerte
de primera clase para la planta de transferencia en momentos en
que los alcaldes, después de recolectar al menos $5 millones,
desconocen cuánto queda en esa cuenta bancaria.
Ese día -el 17 de julio del 2002- Silva informó a
los concejales que ha sostenido reuniones con los restantes nueve
alcaldes que participan en el proyecto de la planta de tratamiento
y que son miembros de MIDES para llevar adelante el proyecto
de la construcción y operación de la estación
de transferencia.
La primera prueba de lo que hoy afirma El Diario de Hoy se encuentra
en esa acta, pues en ella Silva informa a los concejales que
han tenido dificultades para sostener en conjunto el compromiso
de construirla.
Ante eso, pide autorización para lograr acuerdos con
uno o más municipios miembros de MIDES, para construir el
proyecto, renegociar con MIDES los términos del contrato
y/o buscar alternativas viables al problema.
Al final, el Concejo de San Salvador acordó autorizar a Silva
para que realice las negociaciones que sean necesarias con
MIDES y con otros municipios para buscar otras alternativas.
El acta desmiente lo que Silva dijo a El Diario de Hoy. 1) Prueba
que se produjo un amotinamiento contra los canadienses y la construcción
de la planta, a pesar de que hoy lo callen los nueve restantes alcaldes
2) que ante eso, Silva entabló conversaciones con municipios
como el de Apopa para que, al final, aunque construyeran una planta
de transferencia de basura más pequeña, al menos le
permitiera cumplir la promesa hecha.
Al final, se optó por el camino de que cada una de las municipalidades
firmaran un adendum con MIDES (controlada por los canadienses aunque
en su junta directiva se encuentran importantes líderes del
FMLN), para llamar congelamiento a pretensiones que,
fácilmente, podrían llevar al proyecto a un entierro
de primera clase.
Pero, ¿dónde está el dinero que cobraron a
los habitantes del área metropolitana, si la planta no se
ha construido? Silva responde que actualmente se hacen números
con cada una de las municipalidades y que ese proceso aún
no acaba.
Cuando se le preguntó a Silva porqué si algunos de
ellos están sentados en la junta directiva de MIDES, al lado
de los canadienses, no saben, con exactitud, cuánto queda
del dinero, respondió que las cifras finales se conocerán
pronto.
Prometió mostrar a El Diario de Hoy los estados contables,
cuando se le pidieron.
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