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Gobierno evitó problemas de inconstitucionalidad
La banca ganó debate al BCR

Abansa había cuestionado varias disposiciones del anteproyecto de reforma a la Ley. Los artículos correspondientes fueron retirados del proyecto finalmente aprobado

Omar Cabrera
Negocios
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

El Gobierno eliminó del proyecto de reformas a la Ley de Bancos todas las disposiciones que el sector consideraba inconstitucionales.
El presidente del comité legal de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Dionisio Machuca, aseguró este miércoles que las autoridades terminaron por darles la razón y retiraron los polémicos artículos. La decisión se tomó pese a que el ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Rafael Barraza, aseguró a finales de junio que las reformas no darían marcha atrás, aunque los bancos se opusieran.

Los tres artículos retirados del proyecto estaban contenidos en el Título Cuarto de la Ley, que norma el proceso de regularización, reestructuración, intervención y liquidación de bancos emproblemados. Esta fue precisamente la parte de la normativa que sufrió las modificaciones más amplias.

Abansa alegó que en los tres casos se confería a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) atribuciones que reñían con derechos constitucionales de los bancos y sus accionistas.
El Diario de Hoy solicitó una entrevista para conocer la posición del BCR sobre el tema, pero hasta la hora de cierre de esta nota no había sido posible concretarla.

Independencia de poderes


Uno de los artículos que Abansa cuestionó es el que aparecía en el proyecto con el número 112-C. El mismo establecía que cuando la Superintendencia decretara la salida de un banco del mercado, las disposiciones que ésta adoptara para resguardar los ahorros del público no estarían sujetas a suspensión aun cuando los bancos impugnaran el proceso ante la Corte Suprema de Justicia.

El artículo recordaba que los ahorros de los depositantes “son un bien jurídico tutelado”. Además, las autoridades del BCR argumentaban la necesidad de agilizar el proceso de salida del mercado de un banco, precisamente para garantizar la recuperación de los ahorros.

Las entidades bancarias, por su parte, alegaron que la reforma violaba el artículo 86 de la Constitución de la República, que establece la independencia entre los poderes del Estado. Abansa sostenía que al inhibir a la Corte de la capacidad de suspender el acto reclamado, se producía una interferencia del poder Ejecutivo (SSF) en el Judicial.
Al final, el polémico artículo fue eliminado totalmente del proyecto, aprobado por la Asamblea el 21 de agosto.

Suspensión de derechos


Otro de los artículos eliminados del proyecto fue el 93. Según el mismo, la Superintendencia tendría facultad para, una vez decretada la reestructuración de un banco, exigir a quienes poseyeran arriba del 1% de las acciones, que vendieran ese excedente.
De haberse aprobado la reforma, la entidad supervisora también hubiera tenido la facultad de disponer de esas acciones y los propietarios se habrían visto en la obligación de “prestar su conformidad”.
“Eso hubiera estado fuera de todo orden (...) porque estaba adelantando cuál era la voluntad del propietario y era una disposición de total dominio sobre la propiedad privada”, explicó Machuca.
El abogado agregó que Abansa está satisfecha con la decisión del BCR de retirar los artículos cuestionados. “Nos alegra que en los temas de inconstitucionalidad nos hayan dado la razón”, celebró el jurista.

Quiebras bancarias

La parte de la ley que sufrió las más amplias modificaciones es la que regula la salida de bancos del mercado.
- El mayor escándalo financiero en la historia del país estalló en junio de 1997.
- La financiera Finsepro y su captadora ilegal Insepro estafaron $148 millones a unas 6,000 personas e instituciones.
- Ese mismo mes, las autoridades detectaron una estafa por $13.26 millones en la empresa Crediclub.
- Más recientemente, en enero de 1999, el Banco de Crédito Inmobiliario S.A. (Credisa) fue declarado en quiebra técnica debido a malos manejos administrativos y financieros. El BCR prestó a Credisa $141.7 millones.
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